Feminicidios más crueles y revictimización mediática, verdugos de las mujeres en Bolivia

La Paz, 25 nov (EFE).- Bolivia llega al Día Internacional de la Violencia contra la Mujer con casos de feminicidios en los que los perpetradores actúan cada vez con más saña y hay un tratamiento mediático morboso de estos sucesos, además de un injusto desprestigio desde sectores políticos a la ley boliviana contra estos hechos.

En lo que va de año, 78 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista en Bolivia, un 3 % más que en el mismo periodo de 2023, dijo a EFE la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

La activista, cuya organización agrupa a 26 entidades defensoras de la igualdad de género, señaló que la cifra puede ser menor respecto a los años anteriores, pero que «alarma» la «rabia» y «brutalidad» con que actuaron los perpetradores, algo que puede inducir a otros a actuar de la misma forma.

La alarma es mayor ante el número de denuncias por delitos enmarcados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, que según Sánchez, en lo que va de año «ya son más de 44.000».

De ese total, unas 33.000 denuncias son por violencia familiar y más de 10.000 son casos de violencia sexual, agregó.

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«A pesar de todos los avances en norma, los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos niveles gubernamentales son escasos», alertó.

Según Sánchez, las autoridades tienden a resaltar que se agilizaron las detenciones y procesos penales contra los feminicidias, algo que, no obstante, no ocurre con las demás denuncias de violencia machista.

Crueldad y morbo

Tres feminicidios «macabros» consternaron a Bolivia en octubre, uno de ellos el caso de Elba, de 43 años, que murió el 14 de octubre tras ser degollada por su pareja delante de su hijo de 6 años en la región central de Cochabamba.

Un día después, en la zona subtropical de Los Yungas de La Paz, Kamila, de 23 años, fue apuñalada 39 veces por un hombre en frente de sus compañeros en un instituto de formación de maestros.

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Una semana después, otra joven de 23 años fue asesinada con 61 puñaladas por su expareja, que está prófugo, en el Altiplano de La Paz.

El caso más sonado fue el de Kamila porque algunos medios locales difundieron un video del ataque que fue filmado por uno de sus compañeros de curso.

Las imágenes fueron ampliamente difundidas incluso en otros países latinoamericanos, lo que indignó a la familia de la joven, a los principales gremios de periodistas de Bolivia y a la Defensoría del Pueblo que advirtió que los feminicidios «no son un espectáculo».

Sánchez consideró que el tratamiento mediático del suceso fue «poco favorable y revictimizante con la familia, pero además yendo a cuestionar a la víctima y a quienes estaban ahí» y no «al victimador».

A su juicio, el hecho de que la población y en especial los adolescentes consuman «mucho contenido morboso» en las redes sociales supone un reto para la sociedad civil y los medios de comunicación de «repensar el aporte valioso que pueden hacer» para prevenir y luchar contra la violencia.

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Contra la ley

Pese a estos «alarmantes casos», «socialmente se está fortaleciendo un discurso» que «quiere invisibilizar» la violencia hacia las mujeres, sin que haya una «acción efectiva» de las autoridades, alertó Sánchez.

Peor aun ante la polémica en torno a la ley 348 después de que un grupo de senadores oficialistas plantearon su modificación por considerarla «antihombres», lo que fue criticado por activistas, oposición y el Gobierno nacional.

La Coordinadora recibió denuncias de promotoras comunitarias y de algunas activistas de que en algunas alcaldías rurales «han dicho que mejor no hablar de ese tema» por la polémica levantada, lo que Sánchez consideró «gravísimo».

Recordó que la 348 «es una ley integral» que no sólo incluye la parte punitiva, sino también la prevención y reparación y lamentó el desconocimiento sobre el contenido de la norma, que rige desde 2013.

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Las organizaciones feministas han pedido profundizar la aplicación de la ley que según estas entidades no se cumple plenamente por las demoras judiciales y carencias de recursos y personal capacitado para atender las denuncias.

Gina Baldivieso

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