INMIGRACIÓN
Fiscales estatales exigen prohibición del uso de capuchas
El fiscal general Kwame Raoul divulgó un llamado directo al Congreso para que ICE deje de usar máscaras y vehículos sin placas, y exhiba su identificación durante operativo
Fuente: Infobae
Nueva York, 22 de julio de 2025- Frente al aumento de redadas migratorias con agentes encapuchados, una coalición de 21 fiscales generales demócratas ha exigido al Congreso que prohíba formalmente esta práctica y exija la identificación visible de los agentes federales de inmigración.
En una carta dirigida a líderes legislativos, estos fiscales de estados como California, Nueva York, Illinois y Massachusetts argumentan que los agentes enmascarados no solo provocan miedo, sino que organizan operaciones similares a métodos vistos en regímenes autoritarios. Alegan que “estas prácticas comprometen los derechos civiles y ponen en riesgo la seguridad pública”.
El caso de Illinois fue uno de los más destacados.
El fiscal general Kwame Raoul divulgó un llamado directo al Congreso para que ICE deje de usar máscaras y vehículos sin placas, y exhiba su identificación durante operativos.
En contraste, la dirección de ICE, representada por Todd Lyons, justificó las máscaras como protección ante agresiones —aunque muchos datos oficiales no demuestran un aumento significativo de ataques durante la primera mitad de 2024, situación que debilita su argumento.
La estrategia federativa es compleja. En lugares como Saratoga Springs, comunidad en las afueras de Nueva York, se han reportado arrestos realizados por agentes encapuchados en vehículos no marcados. Allí, líderes locales ya exigen regulaciones que obliguen a ICE a identificarse o permitan que la policía municipal intervenga.
Además, ciudades como Los Ángeles, Seattle y Spokane impusieron toques de queda y desplegaron la Guardia Nacional durante protestas donde los manifestantes acusaban a agentes enmascarados de prácticas temerarias. Varias ciudades gobernadas por demócratas están avanzando en iniciativas municipales para prohibir estas tácticas.
La disputa más amplia se da sobre la relación entre autoridad federal y soberanía local. Mientras fiscales estatales y algunos congresistas presionan por controles y compromiso comunitario, la administración Trump fortalece la financiación de ICE —con 45.000 millones de dólares destinados a ampliar la fuerza policial y capacidades de detención— para impulsar su proyecto de alcanzar un millón de deportaciones anuales.
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