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Crimen y Justicia

Fiscalía caso Samuel Luiz habla de «cacería» en alegato final; defensa cambia conclusiones

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Juicio por el asesinato de Samuel Luiz con cinco acusados para los que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión al ver agravante de discriminación por orientación sexual, este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña. En la imagen, Alejandro Freire (i), Kaio Amaral (c) y Diego Montaña (d), acusados principales del caso que han comparecido en la sesión de este miércoles. EFE/Cabalar

A Coruña (España), 14 nov (EFE).- La penúltima jornada del juicio por la muerte del español de origen brasileño Samuel Luiz sirvió para que la fiscalía, en su alegato final, calificase el crimen como «una cacería» realizada «por diversión», mientras las defensas cambiaron sus conclusiones y dos de ellas se abrieron a aceptar autoría de homicidio.

Desde hace un mes se está celebrando en un juzgado de A Coruña (noroeste) el proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021 en España, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.

La fiscal Olga Serrano insistió en calificar lo ocurrido como una «cacería» contra un joven de 24 años indefenso, tal y como hizo en el inicio del juicio.

«La muerte de Samuel fue una cacería. Una manada de lobos sale a cazar y cuando sale a cazar tiene como objetivo una presa, la selecciona y la aísla, mientras unos atacan, otros evitan la defensa. Lo hacen para aterrorizar, agotar y causar la indefensión absoluta de la presa hasta asegurar su muerte. Pero los lobos cazan para sobrevivir, los seres humanos cazan por diversión, por regodearse en el dolor de los demás», resumió.

Serrano consideró a todos los acusados culpables del asesinato ya que realizaron «actos esenciales para su fallecimiento» con un sinfín de golpes en la cabeza, el mantenimiento de la unidad del grupo y la «intención de matar» en un acto en el que descartó, como pide la defensa, la posibilidad de que fuese «una imprudencia».

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Agravante de homofobia

El crimen se produjo después de que los procesados y la víctima iniciaran una discusión a la salida de un pub porque los primeros pensaban que el segundo los grababa –él realizaba una videollamada–, incluso con amenazas y al grito de «maricón» por parte de uno de ellos.

El abogado de la acusación popular, Mario Pozzo-Citro, que representa a la asociación por los derechos LGTB Alas A Coruña, incidió en los insultos homófobos: «Lo que te gritan cuando te matan es importante, a Samuel le gritaron maricón», dijo al jurado.

La abogada de la acusación particular, Esther Martínez, que representa a la familia del joven, dijo que «no existe ningún tipo de duda razonable que ponga en entredicho que los cinco se han ido incorporando sucesivamente a la agresión a Samuel, todos contra uno, y sin posibilidad de defender».

Dos acusados se abren al homicidio

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Las defensas modificaron sus conclusiones previas, excepto en el caso de Catherine ‘Katy’ Silva, que mantuvo la libre absolución como objetivo, a pesar de que se reclama 25 años de cárcel por asesinato con agravante de homofobia.

El abogado de Diego Montaña –por el que se pide la misma condena que Silva–, definido por la fiscalía como «el macho alfa» y del que existe ADN en la cara de Samuel Luiz, aceptó verlo autor de un homicidio por imprudencia grave en concurso son lesiones o, alternativamente, un homicidio.

El otro que se abrió a aceptar el delito de lesiones con homicidio imprudente o, incluso, a homicidio, fue Alejandro Freire ‘Yumba’, que se enfrenta a 22 años de prisión y calificado por la fiscal como «el lugarteniente del líder», que derribó a la víctima al inicio de la agresión y luego organizó «una quedada para mantener un pacto de silencio» tras lo ocurrido.

En el caso de Alejandro Míguez la defensa insiste en la libre absolución, aunque admite la posibilidad de lesiones; y para Kaio Amaral Silva, sus abogados solo esperan una única condena por apropiación indebida del móvil de Luiz, que se resuelva con una multa y una indemnización para los padres de la víctima de 859 euros –el valor del teléfono–, si bien es el que se enfrenta a más pena, –27 años–, ya que suma asesinato al robo.

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