Fiscalía de Guatemala allana centro de votación para elección de magistrado constitucional

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, cuya cúpula se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, allanó este jueves el centro de votación donde miles de abogados eligen a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano.

La fiscal a cargo del caso, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso se encuentra bajo reserva, tras ingresar con más de 30 agentes de seguridad armados y compañeros del Ministerio Público con pasamontañas a la sede de las elecciones, en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el sur de la capital del país centroamericano.

Los comicios de este jueves del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala definen a uno de los cinco magistrados para el próximo período (2026-2031), con la decisión de voto por parte de más de 30.000 juristas.

Los otros cuatro magistrados serán electos en procesos en las próximas semanas por el Congreso guatemalteco, la presidencia y la Universidad de San Carlos (estatal).

La elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente guatemalteco, Arévalo de León.

Morales es la misma fiscal que intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.

La fiscal añadió en declaraciones a periodistas que la decisión de allanar obedece a una presunta denuncia recibida la semana pasada, sin brindar más datos al respecto. Morales detalló de igual manera que las elecciones deben seguir su curso y no serán suspendidas.

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Morales no quiso responder a periodistas sobre si había conflicto de intereses ya que uno de los candidatos de este jueves pertenece al Ministerio Público.

En la primera vuelta, a principios de mes, la elección fue ganada por los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, opuestos a los intereses del Ministerio Público, según analistas.

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