Francia ya tiene presupuestos para en 2026 encarar la recta final del macronismo

París, 2 feb (EFE).- Francia dispone desde este lunes de presupuestos para 2026 con los que encarar la recta final del segundo y último mandato presidencial de Emmanuel Macron, tras superar el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, dos mociones de censura presentadas por las formaciones de izquierdas, sin los socialistas, y por la extrema derecha de Marine Le Pen.

Una tras otra, como se esperaba, las dos mociones de censura al Gobierno por aprobar el proyecto de ley de presupuestos de 2026 sin voto parlamentario fueron rechazadas por la Asamblea Nacional.

La moción depositada por los grupos de La Francia Insumisa, Los Verdes y GDR (Comunistas y de Ultramar) obtuvo 260 votos, sin alcanzar los 289 necesarios para tumbar al gobierno, mientras que la auspiciada por la ultraderechista Agrupación Nacional y sus socios solo cosechó 130 apoyos.

 A unos y a otros, Lecornu les reprochó que hayan “saboteado” y “bloqueado todo” en el debate parlamentario de los presupuestos durante los últimos meses en el Parlamento.

 “Tendrán que responder de esto ante la historia “, afirmó el primer ministro, que finalmente tuvo que recurrir por ello a una disposición constitucional para aprobar las cuentas del Estado sin votación paralmentaria, pese a su promesa inicial de que no lo haría.

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Se trata de un balón de oxígeno para el Ejecutivo y para Macron, ya que evita un nuevo adelanto electoral como le reclaman la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

A partir de ahora, Lecornu finalmente podrá pasar página en el tema del presupuesto, que ha ocupado casi todo su tiempo en Matignon (sede del Gobierno) desde su nombramiento en septiembre pasado; centrarse en las inminentes elecciones municipales de marzo; y tratar de que el año previo a las presidenciales de 2027 sea productivo, aunque sin mayoría parlamentaria su margen de maniobra parece limitado.

Un déficit público en torno al 5 % del PIB

Pese a prometer que no activaría el artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar normas presupuestarias sin votación parlamentaria, finalmente a Lecornu no le quedó otra salida para dotar al país de un presupuesto del Estado para 2026.

El presupuesto de la Seguridad Social sí pudo ser aprobado por el Parlamento en diciembre pasado, gracias a los socialistas que votaron a favor, a cambio de que el Gobierno suspendiese la emblemática reforma de las pensiones de 2023 hasta después de las Presidenciales de 2027.

Sea como fuere, el presupuesto del Estado adoptado definitivamente hoy fija el déficit público en torno al 5 % del PIB en 2026, frente al 5,4 % del año anterior, dentro de la trayectoria descendente para la que se había comprometido Francia con Bruselas y que prevé situarlo por debajo del 3 % en 2029.

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Incluye varias concesiones, en particular a los socialistas, como comidas a un euro para estudiantes en los comedores universitarios, un aumento en la prima de empleo para trabajadores con bajos ingresos o un impuesto a las sociedades tenedoras de activos, acusadas de ser utilizadas en ocasiones para evadir impuestos.

Superada la principal tarea que le encargó Macron, adoptar las cuentas para este año, se espera que Lecornu proceda ahora a una remodelación ministerial, aprovechando la salida de la ministra de Cultura, Rachida Dati, para lanzarse a la conquista de la Alcaldía de París en las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo, a las que se presentan también el primer ministro y un centenar de diputados.

Retos para la recta final

“El Gobierno solo tiene una cosa por hacer: centrarse en lo esencial”, declaró el viernes pasado Lecornu durante una visita a la región del Valle del Loira, dedicada a la agricultura, uno de los temas candentes tras las recientes protestas del sector contra el acuerdo UE-Mercosur y otros asuntos.

Esa movilización del sector agrario llevó a Lecornu a anunciar un proyecto de ley agrícola de urgencia para aprobar antes del verano, con tres ejes principales: la depredación del ganado por fauna salvaje como lobos u osos, la gestión del agua y los costes de producción.

En paralelo, el Gobierno presentará un plan para hacer frente a la crisis inmobiliaria, basado en la simplificación de normas urbanísticas y el impulso a la construcción.

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La revisión de la Ley de Programación Militar se retrasará hasta la primavera y deberá reexaminar parte del gasto previsto para el periodo 2026-2030, con nuevas prioridades centradas en munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal.

El Ejecutivo trabaja además, entre otros asuntos, en una reforma de las prestaciones sociales, con el fin de unificar ayudas y garantizar que los ingresos laborales superen siempre a los sociales, aunque su plena aplicación no se espera antes de 2030.

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