Gobierno asegura que las resistencias del Ejército en caso Ayotzinapa «se superaron»

Ciudad de México, 27 sep (EFE).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Interior) de México, Alejandro Encinas, quien también preside la Comisión para la Verdad Ayotzinapa que presentó este miércoles su segunde informe sobre el caso, aseguró que las resistencias por parte del Ejército para entregar información sobre la desaparición de los estudiantes fueron superadas.

«Las resistencias que se presentaron se superaron», dijo Encinas durante la presentación del informe, un día después del noveno aniversario de los hechos y tras una tensa semana con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos, quienes insisten en que falta información por entregar que podría ayudar a dar con el paradero de los jóvenes.

El subsecretario informó desde la sede de la Secretaría de Gobernación que, aunque «no fue miel sobre hojuelas (fácil)», sí lograron abrir todos los archivos.

«Algunos archivos francamente en situaciones muy deplorables. Están mal organizados, mal elaborados, prácticamente ayudamos a reordenar archivos», añadió.

Esto debido a la polémica suscitada en días recientes sobre la falta o no de archivos que el Ejército no entregó y que son imprescindibles para continuar con la investigación -según los padres, sus representantes y los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-, a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que sí.

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Sobre el Ejército, Encinas dijo que durante la búsqueda de documentos en instalaciones militares encontraron documentos relevantes para la investigación, pero no ese al que el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, se refirió recientemente y que incluiría una conversación entre un miembro del cartel Guerreros Unidos y un policía en el que se refieren a 17 estudiantes el propio 26 de septiembre de 2014 en la noche.

El subsecretario presentó el informe, en el que se presenta el estado de las cosas con respecto a Ayotzinapa, incluyendo secciones como el contexto, la reconstrucción de los hechos, los causales de la desaparición de los 43 estudiantes o la judicialización, entre otras.

También se incluyó una sección sobre la «verdad histórica» que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). En dicho apartado se compara la verdad histórica con la versión establecida por la Comisión para la Verdad Ayotzinapa.

Una de las diferencias entre ambas versiones es que en la primera se quería responsabilizar únicamente a autoridades locales, mientras que la segunda acepta que estuvieron involucrados con el grupo Guerreros Unidos autoridades locales, estatales y federales.

Asimismo, para defenderse de acusaciones de haber incluido pruebas que ya están valoradas como falsas por un perito externo, indicó que todo lo contenido en el informe es «judicializable», no simples opiniones.

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Conclusiones

El informe termina con una serie de conclusiones, que empiezan reiterando lo dicho en el primer informe de la Comisión de la Verdad, que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un «crimen de Estado».

También concluyen que autoridades municipales, estatales y federales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, pues eran objetivo de monitoreo permanente por parte de la inteligencia militar, y que las acciones, omisiones y participación de dichas autoridades permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes y el homicidio de otras seis personas.

Asimismo, la Comisión consideró que los militares no realizaron acciones para protección y búsqueda del militar infiltrado en la escuela de Ayotzinapa Julio César López Patolzin que desapareció junto a los otros 42 estudiantes.

Concluyeron también que los 43 jóvenes nunca estuvieron juntos durante su desaparición y fueron divididos en al menos tres grupos.

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Después de haber encontrado restos de tres de ellos, la Comisión estableció (como ya lo había hecho en el informe anterior) que «no hay indicios que permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida».

Continúan estableciendo que, detalló Encinas, la verdad histórica fue construida en una «junta de autoridades» presidida por Peña Nieto junto con «los más altos funcionarios» y que constituye una segunda desaparición de los estudiantes.

Por último detalló las tres posibles causas de los hechos. En primer lugar la confusión por parte de Guerreros Unidos respecto a la infiltración de personas del cartel adversario Los Rojos entre los estudiantes; la segunda el escarmiento a los estudiantes después de un enfrentamiento meses atrás entre el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y los normalistas, y la tercera, el trasiego de drogas, armas o dinero en los autobuses.

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