Gobierno de Guatemala intenta defenderse ante la que considera amenaza de golpe de Estado por parte de un juez y la Fiscalía

Ciudad de Guatemala, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Guatemala intenta defenderse ante lo que considera la amenaza de golpe de Estado por parte de un juez penal y el Ministerio Público (Fiscalía) que desde hace dos años buscan defenestrar al presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León.

“Estamos en un momento crítico donde los mismos actores de siempre buscan tergiversar la voluntad popular expresada en las urnas en 2023”, aseveró este lunes el portavoz del Gobierno, Santiago Palomo, en rueda de prensa.

“El llamado es a cerrar filas”, añadió el funcionario, en referencia a la unión de la población en conjunto para “la defensa de la democracia”, como solicitó Arévalo de León el domingo en un mensaje en cadena nacional.

La defensa del Gobierno tiene lugar después de que el pasado viernes el juez penal Fredy Orellana buscara, como hizo ya varias veces en el pasado, suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 para declarar vacante el puesto de presidente.

Es por ello que Arévalo de León convocó a una cadena nacional el domingo por la noche, calificando el dictamen de Orellana como un intento de “golpe de Estado”, y explicó que “en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad”.

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Pese a los intentos de Orellana, este mismo lunes el Tribunal Supremo Electoral reiteró nuevamente, como también ya lo ha mencionado en distintas ocasiones en los últimos dos años, que la elección está sellada y no existe forma de revocarla.

“El tema en cuanto a los resultados ha quedado concluido y ahora deberíamos estar pensando en los 19 meses que faltan para ir a votar” en los nuevos comicios programados para 2027, aseveró hoy Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral.

Alfaro recalcó de igual manera que el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ya validó también en 2023 los resultados de las elecciones de dicho año que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.

En el mismo contexto, el presidente solicitó el domingo a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que garantice los resultados electorales de 2023 que lo llevaron a la presidencia, después de que el tribunal se involucrara nuevamente.

De igual manera, Arévalo de León exigió al Organismo Judicial que “conforme a la ley proceda a la inmediata destitución” de Orellana, cuya “conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”.

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“Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo, que los ha declarado proscritos”, dijo el mandatario el domingo.

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