Gobierno de Trump admite deportación ilegal de guatemalteco protegido por orden judicial

Washington, 5 dic (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) reconoció este viernes ante una corte distrital de Texas haber deportado de manera ilegal a un ciudadano guatemalteco que tenía un recurso legal activo a su favor para evitar su expulsión, luego de haber ingresado al país en 2012 en busca de asilo huyendo de la violencia de la nación centroamericana.

Faustino Pablo Pablo, un inmigrante guatemalteco, obtuvo un amparo de “prohibición de remoción”, una figura que evita expresamente su deportación al país donde podría enfrentar tortura y pese a ello el servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo en una cita rutinaria en noviembre y lo enviaron en un vuelo directo a la capital de Guatemala, de acuerdo con una resolución de un tribunal distrital de Texas al que EFE tuvo acceso.

El tribunal determinó que la deportación fue “ilegal” y ordenó al Gobierno facilitar el retorno del migrante a territorio estadounidense antes del 12 de diciembre.

El juez que firma la orden, David Guaderrama, subrayó que Pablo Pablo enfrenta “riesgo claro y grave” de sufrir daños irreparables en Guatemala, y que las autoridades violaron la protección federal que le había sido otorgada más de una década atrás.

De acuerdo con el archivo judicial, durante la audiencia del 3 de diciembre, los abogados de ICE reconocieron abiertamente que la expulsión fue indebida.

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La respuesta de los federales fue que Pablo Pablo “estaba sujeto a una orden de suspensión de remoción a Guatemala al momento en que fue deportado, y por lo tanto la remoción física fue ilegal”.

Las autoridades aseguraron al tribunal que el error fue cometido “erróneamente” por ICE y afirmaron haber “programado tentativamente” un vuelo para facilitar su retorno a Estados Unidos, aunque dicho traslado no se materializó.

El magistrado también instruyó a los funcionarios de inmigración a presentar informes diarios detallando los pasos que están tomando para asegurar su regreso. La orden exige además que el Gobierno notifique la decisión a todos los agentes involucrados en el caso y que coopere con la defensa del migrante para localizarlo y coordinar su traslado.

Casos como el de Faustino Pablo Pablo no son aislados en Estados Unidos ya que en marzo pasado, Kilmar Armando Abrego García fue deportado a El Salvador pese a tener una orden vigente de protección contra la remoción, lo que llevó a un tribunal federal a ordenar su regreso al país.

De manera similar, Jordin Melgar‑Salmeron fue removido poco después de recibir una suspensión de su expulsión, y un tribunal de apelaciones exigió al gobierno facilitar su retorno.

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