Habitantes de frontera colombo-ecuatoriana denuncian abusos y temen operaciones militares

Lago Agrio (Ecuador), 20 mar (EFE).- Las operaciones militares de Ecuador contra el crimen organizado en la frontera con Colombia, que han elevado la tensión entre Quito y Bogotá, suman un nuevo factor de preocupación: el temor en la zona limítrofe, cuyos habitantes denuncian abusos y posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas ecuatorianas.

Entre el verde de la selva amazónica sobresalen los restos de una casa reducida a escombros: láminas dobladas, madera quemada y objetos personales esparcidos sobre la tierra, como si la vida cotidiana hubiera sido detenida de forma abrupta.

Frente a ese escenario el vicepresidente del caserío de Recinto San Martín, del cantón de Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, Vicente Garrido, reconstruye una secuencia que, según dice, nunca había ocurrido en esa zona que comparten los dos países.

“El 1 de marzo vinieron (militares ecuatorianos) y quemaron dos viviendas. El día 3 detuvieron a unos muchachos, dejaron todo incendiado y se los llevaron, y el 6 regresaron a bombardear otra vez”, relata a EFE.

El líder campesino indica que uno de los ataques impactó una vivienda ya intervenida días antes, durante los operativos ordenados por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, como parte de su política de enfrentar a grupos declarados terroristas, incluidos algunos de origen colombiano.

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“Ya habían dejado todo quemado: camas, colchones, ropa, todo. No entendemos por qué volvieron a bombardear si ya no había nada”, afirma Garrido, mientras señala los escombros de la vivienda.

El hombre, que se dedica a la pesca en el río San Miguel, que sirve de límite geográfico entre los dos países, dice que no han recibido explicaciones por parte de las autoridades ecuatorianas y que han acudido a organismos defensores de derechos humanos en busca de respuestas, mientras crece la incertidumbre en esta zona.

Temor a nuevas operaciones

Más allá de los daños materiales, Garrido insiste en que el principal impacto de estas operaciones es el miedo que se ha instalado entre sus vecinos, que viven con temor a nuevas operaciones como las ya anunciadas por el Gobierno de Ecuador en conjunto con fuerzas estadounidenses.

“Uno ya no puede salir a trabajar ni dejar la casa sola, porque si la encuentran dicen que es de algún grupo delincuencial”, explica, al describir cómo la vida cotidiana se ha visto alterada en su comunidad.

El dirigente comunitario dice además que, tras hacer públicas las denuncias, ha recibido amenazas directas, lo que aumenta la preocupación entre los habitantes del sector.

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“Me dijeron que la próxima visita iba a ser en mi vivienda por haber hecho esto público. Directamente me tienen amenazado (…) Nos tienen tildados como terroristas”, agrega.

Tensión por explosivo en territorio colombiano

A este panorama se suma el hallazgo reciente de una bomba de gran poder explosivo, aparentemente lanzada desde un avión ecuatoriano, artefacto que no detonó y fue a dar al sector de Jardines de Sucumbíos, del lado colombiano, a pocos kilómetros de Recinto San Martín.

“Una avioneta soltó algo que cayó como un bulto y no explotó. Después lo encontraron cerca de una vivienda”, relata Garrido, al referirse a versiones de pobladores que presenciaron el hecho.

La bomba fue encontrada por campesinos colombianos y posteriormente detonada de manera controlada por militares, en medio de denuncias del presidente Gustavo Petro sobre su origen tras los operativos en la zona.

El mandatario colombiano pidió investigar bien lo sucedido y durante un consejo de ministros llegó a afirmar “que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”.

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Autoridades militares de los dos países acordaron conformar una comisión técnica binacional para investigar el incidente y desplazarse a la zona fronteriza, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y evitar nuevos episodios que agraven la situación en este corredor limítrofe.

Este incidente aumentó la tensión en la relación bilateral, ya deteriorada desde febrero por diferencias entre los dos gobiernos sobre la seguridad fronteriza, que pasaron al campo económico con la decisión de Ecuador de imponer aranceles a los productos importados de Colombia y la consecuente respuesta del Gobierno de Petro bajo el principio de reciprocidad.

Petro denunció además esta semana que los bombardeos de Ecuador en la frontera dejan “27 cuerpos calcinados”, versión rechazada por Quito y que el propio ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, matizó al explicar que los muertos a los que se refirió el mandatario fueron 14 y producto de explosiones ocurridas en enero en dos laboratorios de producción de cocaína en otros puntos de la zona de frontera.

Esneyder Negrete

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