Insisten en deportar a Kilmar Ábrego García

Fuente: EFE/AP

Greenbelt, Maryland. – El gobierno de Estados Unidos continúa buscando un tercer país para deportar a Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño residente en Maryland, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la controversia sobre las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Durante una audiencia celebrada el viernes, la jueza federal Paula Xinis escuchó los argumentos sobre el intento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de enviar a Ábrego García a Esuatini, en el sur de África, pese a que el país ya rechazó la propuesta. Otros gobiernos, como Ghana y Uganda, también han negado su aceptación.

El funcionario del ICE John Schultz declaró que el gobierno “sigue en conversaciones” con diferentes naciones africanas, aunque reconoció que Costa Rica —país al que Ábrego ha expresado disposición para ir— no ha sido considerado formalmente.

La jueza Xinis pidió al Departamento de Justicia que aclare por qué no se ha explorado esa opción:

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“Esto simplemente no es tan difícil”, expresó, sugiriendo que el gobierno podría resolver el caso rápidamente si existiera voluntad.

Los abogados de Ábrego García sostienen que el intento de deportarlo a distintos países responde a un castigo político tras haber demandado al gobierno por una deportación errónea a El Salvador, país al que no debía haber sido enviado.

El caso ha despertado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que el gobierno estaría intentando “usar el sistema migratorio como herramienta punitiva”.

Cargos en Tennessee

Paralelamente, Ábrego enfrenta un proceso judicial en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas en junio, el mismo día que fue devuelto a Estados Unidos. Su defensa argumenta que los cargos podrían ser una represalia ilegal vinculada a su disputa con el gobierno federal.

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El juez federal Waverly Crenshaw escuchará el próximo 3 de noviembre las pruebas para decidir si los cargos deben ser desestimados. La defensa también busca eliminar del expediente las referencias no relacionadas con el caso, como las acusaciones de supuesta pertenencia a la pandilla MS-13, las cuales no están sustentadas en condenas judiciales.

El caso de Kilmar Ábrego García pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre las políticas migratorias de deportación masiva y el respeto al debido proceso y los derechos humanos dentro del sistema judicial estadounidense.

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