Intensifican la batalla contra las cárceles de Trump

Los Ángeles, 23 nov (EFE).- Grupos civiles se preparan para intensificar la batalla contra el multimillonario negocio de los centros de detención de migrantes -plagados de denuncias por las malas condiciones en las que operan-, que tendrán que expandir drásticamente su capacidad para facilitar el plan de deportaciones masivas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

La nueva administración, que asume en enero próximo, ya ha comenzado a hablar con las compañías privadas que administran los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad, según reportaron fuentes familiarizadas con la planificación al canal NBC.

La idea inicial es duplicar las 41.000 camas habilitadas actualmente por el Congreso para mantener bajo custodia a los inmigrantes que están en proceso de deportación.

«Todo ese plan de ampliar las cárceles solo va a causar más muertes, enfermedades y daño psicológico entre los inmigrantes», advirtió a EFE Rufina Reyes, portavoz de La Resistencia, organización que ha liderado los pedidos de cierre del Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma (Washington), donde el mes pasado murió el mexicano José Manuel Sánchez Castro.

Precisamente, esta es la mayor preocupación de los activistas y grupos civiles que por años han denunciado las malas condiciones de estos centros de detención civil, que en su mayoría (158) son propiedad de las corporaciones CoreCivic y Geo Group.

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Las dos compañías en conjunto tuvieron el año pasado ingresos por 7.400 millones de dólares, incluido el ahorro en mantenimiento de sus instalaciones, para el que pagan a los detenidos en promedio 1 dólar por día.

Hasta el pasado 3 de noviembre los centros de detención de ICE tenían en su custodia a cerca de 39.000 inmigrantes indocumentados, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

Para ampliar la capacidad de ICE, el estado de Texas ofreció esta semana a Trump más de 500 hectáreas cerca a la frontera con México para un gran centro de detención de migrantes indocumentados.

El plan de Trump también incluiría la apertura de centros en ciudades o regiones declarados santuario de inmigrantes y centros para detener a padres con sus hijos menores de edad.

Esta semana los activistas acudieron al Gobierno del presidente Joe Biden para frenar los planes de la nueva administración de ampliar los centros de detención de inmigrantes.

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La principal organización de derechos civiles de Estados Unidos, la ACLU, propuso al gobierno demócrata que diera marcha atrás a un plan para abrir centros de detención en estados como Kansas, Wyoming o Misuri.

En este sentido, Reyes dijo que no se ha detenido la presión sobre el Gobierno Biden, ICE y las compañías dueñas de las cárceles.

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