Jeff Jackson propone un marco para garantizar que los centros de datos paguen la parte que les corresponde de los costos de energía

RALEIGH – El fiscal general Jeff Jackson insta a la Comisión de Servicios Públicos a crear una nueva categoría tarifaria para los clientes de centros de datos de Duke Energy, de modo que paguen lo que les corresponde. La propuesta se presentó en el marco de los casos tarifarios de Duke, como parte de un proceso que la Comisión de Servicios Públicos inició luego de que el fiscal general Jackson solicitara un procedimiento aparte para tener en cuenta la presión sin precedentes que los nuevos centros de datos y otros grandes consumidores ejercen sobre la red eléctrica.  

El fiscal general Jackson sostiene que la creación de una nueva categoría tarifaria específica para centros de datos y otros grandes consumidores de energía es un primer paso importante para proteger a los usuarios, las tarifas energéticas y la infraestructura. Una categoría tarifaria específica garantizará que:  

1. Todos los centros de datos se rigen por el mismo conjunto de reglas.
2. Los clientes de Duke Energy saben cuáles son esas reglas y  
3. Los costes y riesgos que generan los centros de datos no se trasladan a los clientes residenciales.    

“Duke Energy está incorporando una cantidad sin precedentes de centros de datos sin un plan claro sobre cómo proteger a los usuarios de tarifas más altas y riesgos inaceptables”, declaró el Fiscal General Jeff Jackson . “Estos centros de datos están alterando nuestro sistema energético, y necesitamos saber que la Comisión de Servicios Públicos se está asegurando de que los centros de datos paguen por la presión que ejercen sobre la red y no impongan una carga injusta a los usuarios. Seguiremos luchando para proteger a los usuarios”.

Esta propuesta se suma a una orden judicial presentada el mes pasado en el caso del Plan de Carbono de Duke Energy. El fallo de la Comisión de Servicios Públicos en dicho caso determinará qué infraestructuras podrá construir Duke para satisfacer la demanda proyectada en los próximos años. Duke estimó que el 80% de la nueva demanda energética que deberá cubrir provendrá de nuevos centros de datos y otros grandes consumidores de energía, y propuso la construcción de nuevas instalaciones de generación y transmisión de energía para satisfacer dicha demanda. Esto podría provocar un aumento en las tarifas para otros clientes y generar riesgos significativos si esta demanda proyectada no se materializa.  

En la orden propuesta en el caso del Plan de Carbono de Duke Energy, el Fiscal General Jackson solicitó a la Comisión de Servicios Públicos que exigiera a Duke Energy que tomara varias medidas para garantizar que sus proyecciones de crecimiento fueran razonables y que construyera (y cobrara a los usuarios por) únicamente la infraestructura necesaria. Su orden propuesta incluye las siguientes recomendaciones:  

• Duke Energy debería hacer público el modelo de contrato que utiliza con los centros de datos y otros grandes consumidores de energía. Los habitantes de Carolina del Norte deben conocer el contenido de estos contratos y las garantías que existen para los hogares del estado.
• Se debería exigir a Duke que presente informes periódicos sobre cualquier acuerdo con grandes consumidores de energía que difiera de estos modelos.  
• Actualmente, Duke realiza proyecciones sobre la demanda energética cada seis meses. Debería empezar a hacerlas cada 90 días para que la infraestructura energética que está construyendo refleje la demanda real, en lugar de sobreestimarla.
• Suspender el desarrollo de nuevas plantas de gas natural para dar a todos la oportunidad de evaluar completamente las actualizaciones de último minuto que Duke hizo a su pronóstico de demanda.  

Aquí puede encontrar una copia de la propuesta de clasificación de tarifas para centros de datos del Fiscal General Jackson .

Puede consultar una copia del texto completo de la orden propuesta aquí .  

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Este es el tercer caso en el que el fiscal general Jackson está luchando para proteger a los habitantes de Carolina del Norte de pagar más en sus facturas de servicios públicos.  

Se negó a suscribir el acuerdo propuesto en el caso de las tarifas de Duke Energy Carolinas, porque los usuarios residenciales de DEC seguirían pagando un promedio de aproximadamente el 9,5%.

También se negó a respaldar el aumento de tarifas del 15% propuesto por Duke Energy Progress, que obligaría a los usuarios del DEP a pagar casi 960 millones de dólares en aumentos de tarifas innecesarios durante los próximos dos años.

También está retando a Duke Energy a que cumpla sus promesas y se comprometa legalmente, no solo verbalmente, con las concesiones que hizo al Compromiso de Protección del Consumidor del gobierno federal, un conjunto de compromisos para garantizar que los centros de datos y otros grandes consumidores de energía “construyan, traigan o compren los nuevos recursos de generación y electricidad necesarios para satisfacer sus demandas energéticas, y paguen todas las nuevas mejoras de la infraestructura de suministro de energía para dar servicio a sus centros de datos”. 

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