Justicia concluye investigación fiscal de Boluarte por supuesto encubrimiento a su hermano

Lima, 5 nov (EFE).- Un juzgado peruano dio por concluida la fase de investigación fiscal abierta contra la presidenta, Dina Boluarte, por el supuesto encubrimiento personal de su hermano y abuso de autoridad en agravio del Estado, con lo que el Ministerio Público deberá decidir ahora si denuncia a la mandataria o cierra el caso.

Así, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundada la solicitud de control del plazo interpuesto por la defensa de Boluarte, que señaló que la Fiscalía había pedido ampliar la investigación fuera de plazo

Ahora, la Fiscalía decidirá si archiva el caso o presenta una denuncia constitucional contra la presidenta, la fórmula empleada para altos cargos como el de Boluarte.

«El Poder Judicial admite la solicitud de control de plazo de las diligencias preliminares formulada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la investigación por los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad, las cuales iniciaron en mayo de 2024 y vencieron el 9 de julio», indicó el Poder Judicial en la red social X.

El juez emitió la resolución en la cual precisa que la Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación 15 días de su término, «hecho que contraviene el Código Procesal Penal».

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Detalló que el Ministerio Público inició diligencias preliminares por el plazo de 60 días el 10 de mayo y el 24 de julio dispuso la ampliación sin considerar que la ley fija que vencido el plazo no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación.

La pesquisa preliminar se inició después de que el Ejecutivo desactivara el Equipo Especial de la Policía Nacional de Perú que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que investigaba al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por el delito de crimen organizado.

La Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias.

Los oficiales de esta unidad también participaron en el allanamiento de la vivienda y el despacho de Boluarte, después de que la Fiscalía le abriera una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y los principales jefes de la división fueron sometidos a varios procesos administrativos para ser sancionados por ese operativo.

A finales de agosto, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, afirmó que Boluarte no desactivó dicha unidad policial, pues pese a ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, su cargo no le permite intervenir en «asuntos administrativos» de esa institución.

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