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Medio Ambiente

Juzgados chilenos declaran «admisibles» por primera vez querellas de Greenpeace

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Fotografía de archivo de una ballena en aguas de Chile. EFE/ Susannah Buchan

Santiago de Chile, 14 nov (EFE).- La Justicia chilena declaró por primera vez como admisibles querellas penales presentadas por Greenpeace, que denunció, junto a la comunidad kawésqar, la muerte de dos ballenas jorobadas en octubre, informó este jueves la organización ambientalista.

«No solo implica que se da el ‘vamos’ oficialmente al Ministerio Público para iniciar la investigación, sino que también supone un avance importante en el reconocimiento de la ciudadanía en materia de cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y políticas ambientales, y su rol en la defensa de los territorios”, señaló el director de Greenpeace en Chile, Matías Asun.

Los ejemplares fueron hallados en el interior de las áreas protegidas de la Reserva Nacional Kawésqar y en el Parque Nacional Laguna San Rafael, cerca de los centros de cultivo de salmones de las compañías Australis Mar y Cooke Aquaculture, los días 29 y 30 de octubre.

Greenpeace asegura que esta declaración representa «un verdadero hito en materia de justicia ambiental», ya que los tribunales nunca habían accedido a investigar y perseguir penalmente a los responsables de delitos medioambientales ocurridos al interior de áreas protegidas, ni tampoco habían aceptado a una organización ambiental como titular en este tipo de querellas.

Las penas asociadas a la acción judicial serán aplicables a quienes afecten gravemente «uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional», por lo que los responsables podrían ser sancionados con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, lo que podría equivaler a una pena privativa de libertad desde 5 años y 1 día, hasta 10 años más multa.

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«Con esta acción esperamos aportar nuevos antecedentes a la investigación y sentar un precedente en la materia. Hoy tenemos una normativa que pena con cárcel las negligencias e infracciones medioambientales de las industrias; llegó la hora de hacer justicia por nuestra naturaleza y por las comunidades que la habitan. Basta de mirar al costado y basta ya de impunidad», añadió Asun.

Por su parte, la representante de la comunidad kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar, Leticia Caro, resaltó la importancia de la acción penal en tanto en casos previos de ballenas muertas «no ha habido una investigación exhaustiva, ni tampoco sanciones para los responsables».

Tras conocerse los hallazgos, Greenpeace planteó «serias dudas con respecto a las posibles responsabilidades» de las empresas salmoneras.

En mayo de 2020, Australis Mar dio cuenta al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) del hallazgo de una ballena muerta y enmallada en uno de sus centro de cultivo de salmones emplazado en el sector de isla Matilde, en la Región de Aysén.

De acuerdo con la ONG, el 50 % de los centros de cultivo de salmones en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, ha presentado condiciones anaeróbicas (pérdida parcial o total de oxígeno).

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Chile es el segundo exportador mundial de salmón, después de Noruega, y la salmonicultura, que se desarrolló con fuerza durante la dictadura (1973-1990), es la tercera industria en el país que más exporta tras el cobre y el litio.

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