Crimen y Justicia
La comisión de Ética archiva dos denuncias contra el presidente del Congreso peruano
Lima, 2 oct (EFE).- La comisión de Ética del Parlamento peruano archivó este lunes dos denuncias presentadas contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por presunto nepotismo y por usar a sus trabajadores para defenderlo en redes sociales, mientras que aprobó seguir adelante con una denuncia de prescripción.
El referido grupo parlamentario sesionó este lunes para evaluar los tres informes de calificación sobre las denuncias presentadas contra Soto, legislador del partido Alianza para el Progreso (APP), con el fin de decidir si sigue con la investigación, que puede concluir con una suspensión del cargo o una amonestación.
Sin embargo, la comisión presidida por el parlamentario Diego Bazán aprobó archivar, por 8 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la denuncia por haber contratado en su despacho a la hermana de la madre de su hijo de 11 meses.
Soto respondió que conoció a la madre de su hijo después de haber contratado a su hermana Yeshira Peralta en su oficina congresal en 2021.
La segunda denuncia que fue desestimada por la comisión de Ética fue la que reveló que Soto usaba a los trabajadores de su despacho para atacar a sus detractores en las redes sociales, mediante el uso de cuentas falsas, y que incluso daban un aporte económico para financiar su propia publicidad, por lo que fue investigado por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores.
La congresista izquierdista Ruth Luque planteó una reconsideración, pero el grupo rechazó igualmente ese pedido por seis votos a favor y siete en contra.
La única denuncia que seguirá siendo investigada por el grupo parlamentario es la referida a una ley, respaldada por Soto, que salvó al legislador de ser procesado por fraude al ordenar su prescripción.
Los parlamentarios aprobaron el informe que pide su investigación por 7 votos a favor, 7 en contra y el voto dirimente de Bazán.
La ley 31751 aprobada este año recortó la suspensión de la prescripción penal a un año para impedir que Soto cumpla una posible condena de ocho años y ocho meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación ilícita común.
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