La CPI condena a 20 años de cárcel al exlíder yanyauid por crímenes de guerra en Darfur, Sudán

La Haya, 9 dic (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este martes a 20 años de prisión al exlíder de las milicias yanyauid Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, apodado ‘Ali Kushayb’, por 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004, en la primera sentencia que aborda la violencia bajo el régimen de Omar al Bashir en Sudán.

Abd al Rahman, que acudió a la sala vestido con traje azul claro, escuchó el veredicto con su habitual gesto serio, sentado en una silla que no dejaba de balancear de lado a lado durante toda la audiencia, hasta que tuvo que ponerse de pie para escuchar su condena conjunta a 20 años de cárcel, en un veredicto que llega veinte años después de los crímenes perpetrados en Darfur.

Durante la sesión pública, la jueza presidenta, Joanna Korner, repasó los delitos que se le atribuyen a Abd al Rahman, entre ellos asesinato, violación, tortura, persecución, traslado forzoso, y ultrajes a la dignidad personal, y recordó que el acusado ejerció un “alto grado de planificación” y un control de facto sobre los yanyauid, las milicias aliadas al gobierno sudanés.

El tribunal, que dictó sentencia por unanimidad, subrayó que los ataques, durante campañas en Kodoom, Bindisi, Mukjar y Deleige, en el oeste de Darfur, tuvieron un “impacto profundo y duradero” en la población local y fueron ejecutados con “crueldad inimaginable” y motivaciones discriminatorias.

Esta es la primera vez que los jueces establecen responsabilidad penal por persecución basada específicamente en el género, lo que supone un precedente judicial en la tipificación y alcance de los crímenes de lesa humanidad. La CPI si había dictado condenas anteriores por violencia sexual.

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La Fiscalía había solicitado la cadena perpetua, mientras que la defensa pidió una pena limitada que permitiera la liberación futura del acusado debido a su edad, 76 años, y circunstancias personales, y sostuvo que no podía exigirse una muestra de remordimiento por ser contraria a su estrategia procesal.

Los jueces rechazaron la mayoría de los argumentos de la defensa y concluyeron que los episodios citados como gestos humanitarios, incluida una orden de no matar mujeres durante una de las operaciones, no podían considerarse atenuantes, pues las pruebas demostraron que esas mujeres fueron después torturadas o violadas.

El tribunal aceptó únicamente tres factores atenuantes con un peso “muy limitado”: la entrega voluntaria del acusado a la CPI en 2020, su buena conducta en detención, y su edad avanzada. La Sala precisó que sin estos elementos la condena habría sido más alta y ordenó que se descuente de la pena total el tiempo que ya ha pasado detenido desde su entrega.

La representante de las víctimas presentó observaciones en nombre de 1.592 personas que participaron en el proceso y subrayó que su preocupación esencial es que Abd al Rahman “no pueda regresar a Darfur”, y recordó que, para las comunidades afectadas, la sentencia debe reflejar que no fueron víctimas de un conflicto entre tribus, sino de una “campaña deliberada de exterminio, humillación y desplazamiento, ejecutada y ordenada” por el acusado.

Se le considera un colaborador cercano del régimen de Omar al Bashir, quien también está siendo buscado por la CPI por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán con dos órdenes de arresto emitidas en 2009 y 2010 que siguen vigentes.

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La Fiscalía y la Defensa tienen un plazo de 30 días para recurrir la pena contra Abd al Rahman.

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