La CPI confirma su jurisdicción sobre caso contra Duterte y rechaza ponerlo en libertad

Bangkok, 22 abr (EFE).- Familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022) esperan la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que este miércoles determinará si el proceso judicial sigue su curso, y advierten que lo contrario podría «destrozar» las esperanzas de las miles de personas que siguen el caso desde Manila.

«No tenemos fuerzas para imaginar cómo nos sentiremos. Quedaríamos destrozados. Pero no hay espacio para alimentar esos pensamientos. Ya es bastante difícil», dijo a Efe Rebecca Lawson, de la asociación Rise Up, integrada por familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del exmandatario.

Lawson se refiere a la crucial decisión prevista hoy por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que anunciará el veredicto sobre el recurso del expresidente filipino contra la jurisdicción del tribunal en su caso, lo que determinará si el proceso seguirá su curso o se acepta la impugnación planteada por su defensa.

Un pequeño equipo de Rise Up viajó el pasado febrero hasta La Haya para ser testigo de las audiencias en las que la Fiscalía de la CPI solicitó enviar a juicio a Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad, en relación con el asesinato extrajudicial de unas 6.000 personas, según las autoridades filipinas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.

Dos meses después y de vuelta en el archipiélago, varios familiares seguirán telemáticamente el veredicto reunidos en la Universidad de Filipinas, expectantes por el resultado de la corte, que determinará si tiene jurisdicción para continuar con el proceso o si, por el contrario, Duterte podría regresar al país libre de cargos.

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En paralelo, la red de defensores de derechos humanos Duterte Panagutin (Hagan rendir cuentas a Duterte) señaló la víspera en un comunicado que espera que «la CPI ratifique su decisión de proceder con el juicio» al considerar que La Haya «no solo tiene jurisdicción, sino también los recursos y la imparcialidad necesarios para examinar el fondo de las acusaciones presentadas por las familias de las víctimas».

El exmandatario, arrestado en el centro de detención de la CPI en La Haya, renunció a su derecho a estar presente en las sesiones, alegando deterioro de salud, aunque un panel médico independiente concluyó que está en condiciones de participar y la acusación insistió en que su ausencia solo responde a una decisión personal.

La Fiscalía acusó el pasado febrero a Duterte, de 81 años, de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato, basados en 49 incidentes con 76 víctimas mortales, considerados representativos de una campaña más amplia que afectó a los sectores más pobres de Filipinas y dejó miles de muertos entre 2011 y 2019.

La defensa del expresidente, por su parte, negó que existiera una política estatal de asesinatos y pidió en al menos dos ocasiones impugnar el proceso.

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