La empresa de armamento Raytheon pagará 950 millones a EEUU por casos de fraude y soborno

Nueva York, 16 oct (EFE).- La empresa armamentística Raytheon pagará unos 950 millones de dólares a la Justicia de Estados Unidos para resolver una serie de investigaciones de fraude en contratos con el Gobierno federal y de soborno para conseguir contratos con el Gobierno de Catar.

El total del monto es la suma de varias multas y la más cuantiosa, de 428 millones, se refiere a acusaciones de que la empresa engañó al Departamento de Defensa de EE.UU. respecto a sus costes y precios en negociaciones de contratos entre 2009 y 2020, según un comunicado.

Raytheon también fue acusada de sobornar a un funcionario de alto nivel de las Fuerzas Aéreas de Catar para que le ayudara a obtener y mantener contratos con ese Gobierno y no divulgar posteriormente esos pagos a Defensa al solicitar licencias de exportación, como manda la ley.

El fiscal general adjunto interino de EE.UU., Kevin Driscoll, señaló que la mala conducta de «un contratista de defensa estadounidense cotizado en bolsa» erosiona la confianza de la sociedad y perjudica al Gobierno, a las empresas que siguen la ley y a los contribuyentes estadounidenses.

De hecho, el agente especial encargado de las investigaciones de Seguridad Nacional, William Walker, destacó que los sobornos relacionados con la tecnología militar de EE.UU. «suponen una amenaza» tanto para el país como sus aliados.

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La empresa matriz de Raytheon, RTX, también fue objeto de acusaciones de la Comisión de Mercado y Valores (SEC) por violar las leyes federales de corrupción extranjera en relación con los sobornos a las fuerzas militares de Catar y acordó cerrar el caso con el pago de 124 millones de dólares.

Como resultado de los acuerdos, Raytheon admitió su responsabilidad en las acusaciones, como haber participado en dos tramas para defraudar a Defensa en el suministro de productos y servicios defensivos, incluyendo sistemas de misiles Patriot y sistemas de radares.

Asimismo, se comprometió a cooperar con las autoridades en los próximos tres años incluyendo el establecimiento de un supervisor independiente, la mejora de sus mecanismos contra malas prácticas y el intercambio de información, pues de lo contrario afrontará penas mayores.

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