La Fiscalía salvadoreña pide 16 años de cárcel para un exministro procesado por peculado

San Salvador, 7 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador pidió este lunes una pena de cárcel de 16 años contra el exministro de Seguridad entre 2016-2019, Mauricio Ramírez Landaverde, procesado por los cargos de actos arbitrarios y peculado, en grado de “cómplice necesario”.

La fuente indicó en su cuenta de X que esta petición se dio durante los alegatos finales de la Fiscalía presentados hoy en el juicio que enfrenta Ramírez Landaverde y un grupo de 18 personas.

Las penas solicitadas al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador para el resto de personas son de entre 4 y 2 años de prisión por las acusaciones de cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.

Además del exministro, son procesados Raúl Antonio López, exviceministro de Seguridad; Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales, y José Roberto Nóchez, exdirector jurídico del Ministerio de Seguridad.

El 30 de septiembre, Ramírez Landaverde dijo que esperaba un fallo a su favor en este proceso, en el que se cuestiona la legalidad del uso de dinero proveniente de las tiendas penitenciarias.

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“Lo que podemos decir con toda seguridad es que acá lo único que podemos esperar es un fallo absolutorio y confiamos en que la autoridad judicial va actuar con apego a la legalidad”, apuntó el policía de carrera.

El pasado 25 de septiembre, la organización no gubernamental Cristosal señaló en un comunicado que las particularidades del juicio que enfrenta el exministro Ramírez Landaverde y otras personas “permiten considerar que se trata de una persecución política”.

Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2016, en el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014.

De acuerdo con la Fiscalía General, el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administrara las tiendas en el interior de las cárceles “sin ningún control del Estado”, lo que “dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse”.

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