La jueza Anita Earls es reelegida en la Corte Suprema de Carolina del Norte y los demócratas trazan la ruta para recuperar el tribunal en 2028

En un paso clave dentro de la estrategia a largo plazo del Partido Demócrata para recuperar el control del máximo tribunal de Carolina del Norte, la jueza demócrata Anita Earls fue reelegida este martes para la Corte Suprema del estado tras obtener poco menos del 60 % de los votos.

Si bien la victoria de Earls no altera de forma inmediata el actual equilibrio de poder —donde los conservadores conservan una mayoría de 5 a 2—, posiciona estratégicamente al bloque demócrata de cara al ciclo electoral de 2028, año en el que tres escaños ocupados por magistrados republicanos estarán en juego. Con arrebatar solo dos de esos puestos, la oposición podría reconquistar la mayoría del tribunal por primera vez desde 2022.

El triunfo de Earls se vio acompañado por una sólida jornada en el ámbito judicial, destacando la victoria de tres candidatos demócratas en el Tribunal de Apelaciones:

• Toby Hampson (D) se impuso a George Bell (R).

• John Arrowood (D) derrotó a Michael Byrne (R).

• Christine Walczyk (D) venció a Craig Collins (R).

impulso demócrata y el horizonte de 2028

Durante la noche electoral en Raleigh, la jueza Earls celebró los resultados junto al exgobernador y ahora senador electo Roy Cooper, instando a las bases demócratas a capitalizar este impulso:

“Sigan adelante y nunca se rindan. Juntos podemos trabajar por una Carolina del Norte mejor. Lo que quiero decirles esta noche es que quienes creemos en la libertad hemos ganado”, expresó Earls ante los asistentes.

El impacto clave en la redistribución de distritos

Los analistas políticos recuerdan que el control de la Corte Suprema estatal es de vital importancia con vistas al censo de 2030 y al consiguiente proceso de redistribución de distritos electorales. En los últimos años, las distintas mayorías del tribunal han marcado el pulso político estatal: mientras que las bancadas republicanas han avalado los mapas legislativos trazados por la Asamblea General, las mayorías demócratas han intervenido históricamente para anularlos al considerarlos una manipulación partidista inconstitucional, un factor que ha definido el destino de varios escaños congresionales en el estado.

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