La Junta de Fiscales de Perú elige a Delia Espinoza como jefa del Ministerio Público

Lima, 18 oct (EFE).- La Junta Suprema de Fiscales de Perú eligió este viernes a Delia Espinoza como fiscal de la Nación (general) y asumirá el cargo que desempeñó de forma interina Juan Carlos Villena desde diciembre pasado, cuando se abrió una investigación contra su predecesora, Patricia Benavides, que determinó su destitución.

La elección de Espinoza por un periodo de tres años se realizó por mayoría de votos de los fiscales supremos y después de la declinación a ese proceso de los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, indicaron medios locales.

Entre otros casos contra altos funcionarios, Espinoza asumirá las investigaciones preliminares abiertas contra la presidenta Dina Boluarte por los fallecidos en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023, así como el caso conocido como el ‘Rolexgate’ sobre las joyas de lujo recibidas de un gobernador regional, y la supuesta huida del prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un vehículo de la Presidencia, entre otros.

Estas investigaciones abiertas contra Boluarte en poco más de un año han provocado una tensa relación del Ejecutivo con el Ministerio Público, al cual ha acusado de abrir pesquisas sin fundamentos sólidos y ha respaldado las iniciativas del Congreso para presuntamente restarle funciones en la investigación de los delitos.

Espinoza es fiscal suprema titular desde 2022, obtuvo su título de abogada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM, la mayor universidad pública de Perú), y tiene dos títulos de maestría, uno por la Universidad de San Martín de Porres y otro por la Universidad Privada César Vallejo.

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Por su parte, Benavides fue destituida este año, al cabo de un proceso disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por interferir en una investigación abierta a su hermana y jueza, Enma Benavides, al cesar a la fiscal que dirigía las pesquisas.

En forma paralela, Benavides es investigada por liderar una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público por la que tenía en curso una segunda solicitud de suspensión en el cargo por 36 meses.

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