EDITORIAL
La normalización de la deportación masiva
Fuente: EFE
En su primer año de regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo retomó su agenda migratoria: la amplificó, la aceleró y la convirtió en una doctrina de poder. Más de 500 acciones migratorias, 622.000 deportaciones, un sistema de detención desbordado y la eliminación de protecciones legales para millones de personas conforman el balance preliminar de lo que el Migration Policy Institute (MPI) ya denomina, sin rodeos, Trump 2.0.
No se trata de una simple continuidad de su primer mandato (2017–2021), sino de una versión más estructurada, más financiada y más profundamente incrustada en la maquinaria del Estado.
En apenas doce meses, esta segunda Administración superó todas las acciones migratorias ejecutivas de su primer gobierno completo, dejando claro que la migración no es solo una política pública, sino un eje ideológico central.
Para la comunidad inmigrante —y particularmente para la comunidad latina— este primer año no puede analizarse solo en cifras. Detrás de cada orden ejecutiva, cada deportación y cada acuerdo con policías locales, hay familias fragmentadas, comunidades paralizadas por el miedo y un país que redefine quién pertenece y quién no.
Activistas han insistido en que un récord no es motivo de orgullo.
Según el informe del MPI, titulado “Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0”, la actual Administración implementó más de 500 acciones migratorias, incluidas 38 órdenes ejecutivas específicas sobre inmigración, casi una sexta parte del total de decretos firmados desde enero de 2025.
Para ponerlo en perspectiva: durante los cuatro años completos de Trump 1.0 se registraron 472 acciones migratorias. Hoy, ese número fue superado en apenas un año.
El mensaje político es claro: la migración se gobierna por decreto, no por consenso legislativo ni por una visión integral de país.
Durante este primer año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a cerca de 595.000 personas, con un promedio de 1.200 detenciones diarias. Al mismo tiempo, la población detenida en centros de ICE casi se duplicó, pasando de 39.000 a cerca de 70.000 personas privadas de libertad migratoria.
Sin embargo, uno de los datos más reveladores —y menos discutidos en el discurso oficial— es el perfil de quienes están siendo detenidos.
Solo el 26 % de las personas bajo custodia de ICE tiene una condena criminal.
Este dato desmonta la narrativa reiterada desde la Casa Blanca de que las deportaciones se enfocan en “lo peor de lo peor”. La realidad es otra: la política migratoria actual está impactando mayoritariamente a personas sin antecedentes penales, trabajadores, padres y madres de familia, muchos con años —incluso décadas— de residencia en Estados Unidos.
La deportación, en Trump 2.0, dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo cotidiano de control social.
La frontera, más que una línea geográfica, se ha convertido en un escenario político permanente, útil para enviar mensajes electorales, justificar gastos extraordinarios y reforzar una narrativa de amenaza constante.
Uno de los cambios más profundos —y menos visibles para el público general— ha sido la eliminación masiva de protecciones migratorias otorgadas en administraciones anteriores.
Según el MPI, un estimado “conservador” de 1,5 millones de personas ha perdido su estatus legal temporal, tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 13 países.
Estas decisiones no se dieron caso por caso, sino de forma generalizada, ignorando contextos humanitarios, crisis políticas o desastres naturales que originalmente justificaron dichas protecciones.
Para miles de familias, esto significó pasar —de un día para otro— de un estatus legal a la amenaza inmediata de deportación.
Al final del primer año de Trump 2.0, la pregunta no es solo cuántas deportaciones se ejecutaron, ni cuántas órdenes se firmaron.
La pregunta es otra:
¿Qué tipo de nación se construye cuando millones de personas viven bajo la amenaza constante de ser expulsadas del lugar que llaman hogar?
La respuesta no se mide en estadísticas, sino en el tejido social que se desgasta, en la democracia que se tensiona y en el futuro que se redefine, decreto a decreto.
La historia juzgará estas decisiones. Mientras tanto, la responsabilidad de informarse, alzar la voz y defender la dignidad humana sigue siendo colectiva.
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