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Crimen y Justicia

La polémica elección del futuro de la Justicia en Guatemala, en manos del Congreso

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Fotografía de archivo de personas que exhiben un cartel con jueces señalados de corrupción que aspiran a formar parte de las altas cortes de Guatemala, durante una protesta el 20 de septiembre de 2024, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro

Ciudad de Guatemala, 2 oct (EFE).- El Congreso de Guatemala tiene hasta el 13 de octubre para elegir a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, en medio de un proceso de elección marcado por la polémica y un Organismo Judicial que, según expertos, se encuentra cooptado.

Esta semana, los congresistas guatemaltecos fallaron en su primer intento por elegir a los nuevos 13 magistrados del Supremo y a más de 200 para las cortes de Apelaciones, debido a que no existen acuerdos entre bloques legislativos, de acuerdo con lo expuesto por el diputado José Chic.

La elección de las altas cortes guatemaltecas se define en medio de un clima tenso en el Organismo Judicial, caracterizado por la persecución política contra periodistas como José Rubén Zamora Marroquín, que lleva más de 800 días en la cárcel, y el exilio de más de 50 operadores de justicia que investigaban o juzgaban casos de corrupción.

En consideración del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Washington desde 2021, “es vital el rescate de la justicia”, pero cuestiona que en esta elección apenas existe “un estrecho margen” para mejorar el sistema.

“Otro periodo más de magistrados corruptos implica la consolidación de la cleptocracia y la continuidad de la afrenta a la gobernabilidad”, dijo Sandoval en una entrevista a EFE .

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El exfiscal, que desveló decenas de casos de corrupción de alto impacto entre 2016 y 2020, asegura que es un problema que existan aspirantes a las altas cortes que “buscan usar el sistema para proteger sus intereses”.

Sandoval tuvo que exiliarse tras ser despedido del Ministerio Público (Fiscalía) cuando investigaba un caso de corrupción que implicaba al entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024), y desde entonces lo han denunciado por distintos supuestos delitos en más de 40 ocasiones.

Una elección contrarreloj

La bancada oficialista, del partido Semilla, había asegurado que existían consensos para elegir a los magistrados esta semana. Sin embargo, esto no sucedió en el primer intento el martes pasado.

De acuerdo con la ley, el plazo de los actuales magistrados del Supremo y salas de Apelaciones vence el 13 de octubre, por lo que la elección debería estar definida antes de ese plazo.

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Diputados como Orlando Blanco advirtieron que el panorama parlamentario es preocupante porque puede que “no se alcancen consensos” antes del plazo, provocando que se extienda el mandato de los magistrados actuales.

Al respecto, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) pidió esta semana al Congreso que realice un proceso de elección de jueces «transparente», ya que la elección «ofrece una oportunidad histórica para comenzar a restaurar la integridad e independencia» del Organismo Judicial en Guatemala, e instó a los 160 diputados a «priorizar a los candidatos con historiales de integridad intachables».

También un grupo de representantes de los pueblos indígenas de Guatemala pidió a los diputados “no elegir a aspirantes vinculados a casos de corrupción” o que “hayan emitido sentencias violatorias a derechos humanos”, al tiempo que les pidieron no realizar una votación secreta ni en bloques, para garantizar “transparencia” en la elección de magistrados.

“Queremos que como buenos servidores públicos y defensores de la democracia escuchen nuestros planteamientos”, subrayaron en un comunicado.

El proceso se encuentra bajo la lupa internacional debido a que en los últimos 10 años el sistema judicial guatemalteco se ha deteriorado y esto es evidenciado por la expulsión de jueces anticorrupción y los procesos penales contra periodistas, fiscales, políticos de oposición y activistas.

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Entre 2019 y 2024, las cortes de Guatemala estuvieron en un limbo sin renovación debido a que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) mostró cómo se había amañado el proceso de elección, quedando todo paralizado hasta este año.

David Toro Escobar

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