La seguridad social uruguaya: de la reforma al plebiscito

Montevideo, 24 oct (EFE).- La reforma de la seguridad social que comenzó a regir el pasado año en Uruguay y que el Gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou destaca como «justa y solidaria» se enfrentará a un plebiscito para modificarla.

Promovido por la central sindical PIT-CNT y apoyado por distintas agrupaciones sociales, este se llevará a cabo el próximo 27 de octubre, junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias en las que unos 2,7 millones de electores están convocados a las urnas.

Última reforma

En agosto del pasado año comenzó a regir en Uruguay la reforma impulsada por el Gobierno, que llevó de 60 a 65 años la edad de retiro y que marcó -entre otras cosas- que los jubilados puedan optar por mantener una actividad laboral.

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Rodolfo Saldain, coordinador de la reforma previsional, aseguró en diálogo con la Agencia EFE que Uruguay mantenía una edad jubilatoria que había sido establecida en 1904.

«Si miramos cómo ha evolucionado la esperanza de vida en el país, claramente ha tenido una ganancia muy importante», subrayó el abogado especialista en Derecho del Trabajo y en seguridad social.

En ese sentido, explicó que la ley propuso una subida «muy progresiva» de la edad para jubilarse, teniendo en cuenta que no comprende a todas las personas nacidas antes de 1972 y que recién las nacidas en 1977 se jubilarán a los 65 años de edad.

Asimismo, dice que hay un «conjunto muy amplio» de excepciones para puestos de trabajo particularmente exigentes.

Por otro lado, Saldain indica que el sistema estaba «totalmente comprometido» y que había que equilibrarlo.

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En marzo del pasado año y mientras se trabajaba en la reforma, Lacalle Pou la definió como «necesaria, progresiva, inclusiva, justa y solidaria».

Reconstruir derechos

Inmediatamente después de aprobada la reforma por el Parlamento, el PIT-CNT recolectó las firmas necesarias para impulsar un plebiscito con el objetivo de modificarla.

Este propone -entre otras cosas- que ninguna jubilación o pensión puede ser menor al salario mínimo nacional, además de la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60 años. En caso de ser aprobada esto quedará establecido en la Constitución Nacional.

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A su vez, busca eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) para que el sistema de la seguridad social sea gestionado exclusivamente por el Estado.

Estas forman parte de un sistema mixto (público-privado) que funciona en el país suramericano desde la última gran reforma, llevada a cabo en 1995.

«Nosotros con esta iniciativa de democracia directa estamos actuando sobre el daño que produjo la Ley 20130, que rebajó de manera radical -y todavía la gente esto no lo sabe hasta sus últimas consecuencias- las condiciones previsionales jubilatorias de la gente», sostuvo en una rueda de prensa el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Además, apuntó que el plebiscito trata de reconstruir derechos que tenían «conquistados» como jubilarse a los 60 años.

Apuntó también que la financiación de la reforma se conseguirá mediante los ahorros que el país puede desarrollar al no tener que transferir dinero a las AFAP y con mayor eficiencia fiscal, mientras que señaló que se debe estudiar «con mayor rigurosidad las cuantiosas exoneraciones que se le da a la gran riqueza».

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Opiniones

Dentro del sistema político, los partidos que conforman la actual coalición de Gobierno se mostraron en contra de lo propuesto en el plebiscito e incluso firmaron un documento sobre ello.

Mientras tanto, el opositor Frente Amplio decidió darle libertad de acción a sus votantes, aunque algunos sectores apoyan el plebiscito. No obstante, el candidato a la Presidencia, Yamandú Orsi, se posicionó en contra.

Días atrás, en una conferencia de prensa, Lacalle Pou hizo un llamado a la población a no votar a favor del plebiscito.

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«Yo no dudo en decir que hace al sistema insostenible a la mediana o a la larga (…) Si se aprueba el plebiscito crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema», subrayó.

Asimismo, dijo que eso llevará a que se deban aumentar impuestos y recortar prestaciones importantes en el Estado.

Consultado por EFE, Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, también señaló que habría que aumentar impuestos.

A su vez, apuntó que la aprobación del plebiscito rompería con las reglas de juego y con la estabilidad jurídica «que han caracterizado Uruguay».

«Creo que desde el punto de vista de las instituciones económicas del país y del punto de vista de la imagen del país habría un un daño muy grande», concluyó.

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