La vicepresidenta de Ecuador evita la inhabilitación por campaña anticipada y sólo pagará una multa

Quito, 5 nov (EFE).- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador impuso este martes una multa a la vicepresidenta, Verónica Abad, pero no suspendió sus derechos políticos como solicitaba una denuncia por haber hecho campaña electoral antes de plazo en los comicios electorales de 2023, donde fue candidata a la alcaldía de la sureña ciudad andina de Cuenca.

En su sentencia, la jueza Ivonne Coloma, ordenó a Abad pagar una multa de 8.500 dólares y descartó un castigo adicional que podía haber derivado en su inhabilitación como vicepresidenta, en medio del enconado enfrentamiento que mantiene con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La denuncia fue presentada por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano del sistema político de Ecuador conformado por siete miembros elegidos en votación universal, que se encarga entre otras funciones de elegir a las máximas autoridades de diversas instituciones estatales.

Guarderas presentó evidencias de que Abad había difundido contenido de carácter electoral fuera del periodo establecido para la campaña cuando la actual vicepresidenta buscaba ser elegida alcaldesa de Cuenca.

El TCE todavía tiene abiertas varias causas que involucran a Abad, entre ellas su denuncia contra Noboa y otros miembros de su administración por presunta violencia política de género y las contrademandas presentadas contra ella por la misma presunta infracción por la asesora presidencial Diana Jácome y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

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Para este viernes está convocada la audiencia en el TCE para evaluar la denuncia de Abad contra el jefe de Estado, Sommerfeld, Jácome y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en un caso que lleva el juez Guillermo Ortega.

La vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto acoso político y hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y evitar así que tenga que delegar en ella las funciones presidenciales conforme contempla la Constitución cuando el gobernante deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde buscará su reelección.

Abad también ha sido contrademandada por presunta violencia política de género por Sommerfeld y Jácome, quien ha reconocido públicamente que su intención con esta acción legal es precisamente lograr la destitución de la vicepresidenta.

Según la Ley Electoral de Ecuador, la violencia política de género es una infracción muy grave que se sanciona con una multa económica, destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta por cuatro años.

El distanciamiento entre Noboa y Abad -evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023- se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.

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Abad interpretó esta designación como embajadora como un método para alejarla del país y de la gestión del Gobierno, pues en caso de negarse podía ser destituida.

Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de posible corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.

La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno del Parlamento con los votos en mayoría de la oposición, frente a los apoyos obtenidos a favor del oficialismo.

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