Los aliados latinoamericanos de la Casa Blanca califican a los cárteles como “terroristas”

Mientras el gobierno de Donald Trump intenta volver a centrar la atención en el hemisferio occidental tras meses de guerra en Irán, la estrategia de la Casa Blanca busca intensificar la lucha contra los cárteles latinoamericanos. En la Asamblea General de la ONU de esta semana, representantes del Departamento de Estado y 14 naciones latinoamericanas y caribeñas calificaron a 24 grupos criminales como organizaciones terroristas, según informaron voceros estadounidenses y latinoamericanos. Washington ya había designado a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

“Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegué las fuerzas armadas de Estados Unidos para eliminarlos”, declaró el presidente Donald Trump el martes en un discurso ante la Asamblea General. “Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental; no son buena gente”.

Según los analistas, el hecho de que los líderes latinoamericanos designen a los mismos grupos como terroristas sienta aún más las bases para posibles ataques militares contra grupos criminales acusados de narcotráfico.

El mecanismo formal para dicha designación es el Tratado de Río, según indicaron los funcionarios, un pacto de defensa de 1947 entre más de una docena de naciones del hemisferio occidental que considera un ataque contra un miembro como un ataque contra todos.

Esta medida supondría la primera vez que un grupo de gobiernos latinoamericanos firma colectivamente una designación de terrorismo de gran alcance junto con Washington. Los países firmantes de la declaración —que pertenecen al Escudo de las Américas, una alianza de naciones con gobiernos conservadores formada por la administración Trump— son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Perú y Paraguay confirmaron haber firmado la declaración conjunta. Ex funcionarios y expertos estadounidenses afirmaron que la medida podría tener repercusiones de gran alcance en la región. “Lo hacen en la Asamblea General de la ONU para intentar legitimarlo”, declaró Todd Robinson, quien fuera subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado durante la presidencia de Joe Biden.

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“Pero creo que la estrategia es fundamentalmente errónea. Las organizaciones criminales no son organizaciones terroristas”.

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