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Crimen y Justicia

Más de 34 años de cárcel para 11 militares por desaparición forzada de menores en Ecuador

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Personas sostienen carteles durante una manifestación este lunes, frente al Complejo Judicial de Guayaquil, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Jonathan Miranda Vanegas

Quito, 22 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa de Ecuador aseveró que respeta la sentencia que condena a 34 años y 8 meses de prisión a once militares por el caso de la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.

Personas sostienen un cartel durante una manifestación este lunes, frente al Complejo Judicial de Guayaquil, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Jonathan Miranda Vanegas

Ante la sentencia emitida este lunes en el denominado caso Malvinas, el Ministerio de Defensa Nacional se pronunció “con profundo respeto ante el dolor de las familias de las víctimas”.

Personas sostienen carteles durante una manifestación este lunes, frente al Complejo Judicial de Guayaquil, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Jonathan Miranda Vanegas

Aseveró que las Fuerzas Armadas “han actuado con apego a la ley y a sus valores institucionales, y siendo coherentes con ello, desde el inicio de este proceso, se ha colaborado con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida, para que la verdad prevalezca”.

“Hoy que la justicia se ha pronunciado, ratificamos nuestro respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida”, indicó en un comunicado.

Además de la sentencia para los once militares, para otros cinco soldados, quienes se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.

El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para dieciséis de los diecisiete procesados, a quienes también se les impuso una multa de 376.000 dólares y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores. También ordenó que den disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional.

El caso se remonta al 8 de diciembre del año pasado, cuando dieciséis de los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, después de recibir una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando.

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En lugar de entregarlos a la Policía, los militares los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los obligaron a desnudarse y los abandonaron.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

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