Menores reclutados por el crimen organizado, una realidad alarmante que crece en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 26 nov (EFE).- Cada vez es más frecuente escuchar a la Policía de Ecuador decir que detiene a niños y adolescentes por delitos como secuestro, extorsión o asesinato, y que éstos pertenecen a bandas del crimen organizado que operan en el país.

Una realidad alarmante que se refleja en las cifras de la institución, que solo entre enero y mediados de octubre de este año detuvo a 3.086 menores de edad por diversos crímenes, casi el doble que los 1.889 del mismo período de 2023 y que los 1.610 de 2022. En los últimos cuatro años, 8.201 menores fueron aprehendidos.

Según la Policía, el 63 % de las detenciones de 2024 se concentran en las provincias de Guayas y Pichincha, las más pobladas de Ecuador con Guayaquil y Quito como sus respectivas capitales; además de las costeras El Oro, Los Ríos y Manabí, «regiones clave para la actividad de grupos de delincuencia organizada», especialmente vinculados al narcotráfico.

En un reciente caso, tres menores que intentaban secuestrar a un comerciante fueron detenidos en un barrio del norte de Guayaquil.

Los adolescentes estaban involucrados en otros casos de secuestro y asesinato y, según la Policía, pertenecían a los ‘Chone Killers’, una de las bandas catalogadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa tras la declaratoria de «conflicto armado interno» que hizo a inicios de 2024.

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Aunque el mayor número de detenciones de estos menores se realiza por tráfico de droga, robo o porte de armas, el crecimiento preocupante se registra en delitos como extorsión, robo a centros de salud y escuelas, secuestro o terrorismo.

Sin escuela y «abandonados por el Estado»

Para Katherine Herrera, académica y consultora política en seguridad pública, el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos es el resultado del «abandono del Estado», ya que los niños y adolescentes, especialmente de sectores empobrecidos y sin servicios básicos, se convierten en «blanco fácil» de estas bandas, pues no van a la escuela ni a actividades extracurriculares que les permitan soñar con un futuro diferente.

«Estos niños, niñas y adolescentes no ingresan a estas bandas por dinero, sino en busca de un sentimiento de pertenencia», afirmó a EFE Herrera, quien recientemente publicó una investigación sobre este tema.

«Han sufrido violencia, ausencia de los padres y el tejido social de las comunidades en las que viven está roto. Vienen estos grupos de delincuencia organizada, que utilizan a otros menores para captarlos, y les ofrecen escucha, dinero para ellos y sus familias, les prometen un cambio de vida, estatus, y ellos sienten que pertenecen a un lugar, que les están educando y dando una doctrina», explicó.

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Con su investigación determinó que ingresan al mundo criminal cada vez más pequeños, entre los 9 y los 10 años, y que el 60 % de los militantes de estos grupos en las cuatro provincias en las que hizo el estudio (Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas) son menores de edad.

«Todos los líderes barriales entrevistados afirmaron tener un sobrino, vecino o conocido menor de edad que participa en alguna actividad ilegal», detalló en su reporte.

Ganan miles de dólares, motos y hasta terrenos

Herrera conoció que los niños ingresan operando como «campaneros» (vigilantes) y luego pasan a ser «auxiliares», es decir, ayudantes de otros más grandes o adultos. Allí aprenden lo que necesitan y «pierden el miedo» hasta que los envían a cometer delitos.

Por estos crímenes, los menores pueden llegar a ganar entre 2.000 y 3.000 dólares cada tres meses, además de «bonos» por «trabajos especiales», ropa de marca, vehículos y motocicletas.

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 «También les entregan terrenos y casas como forma de pago», dijo a EFE Max Campos, exviceministro del Interior y coronel retirado de la Policía.

 Campos afirmó que esta práctica se realiza mucho en sectores como Durán, una de las ciudades más violentas de Ecuador y que es vecina de Guayaquil, donde las bandas del crimen organizado trafican tierras. «Es la manera más práctica de captar a una familia entera y no solo a los jóvenes», precisó.

Trabajo en prevención

«Esta realidad es tan fuerte que, si no existe una política clara en temas de seguridad, las cosas no cambiarán para nada», agregó Campos.

El exfuncionario señaló que durante su gestión, entre 2021 y 2022, ya les preocupaba el involucramiento de menores en delitos, por lo que se plantearon algunos proyectos a largo plazo, aunque luego de su salida no se implementaron.

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«Por cada causa de reclutamiento puede existir un programa o un proyecto que se puede realizar. Lo importante es que exista voluntad política y técnicos que puedan hacerlo», concluyó.

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