“Nuevos vetos migratorios son castigo colectivo”

Miami (EE.UU.), 8 dic (EFE).- La congresista María Elvira Salazar calificó de «antiestadounidense» y «castigo colectivo» la decisión de la Administración Trump de suspender todas las solicitudes de inmigración procedentes de 19 países considerados de «alto riesgo», entre ellos Cuba, Haití y Venezuela.

La política republicana, quien ha sido una aliada de Trump, señaló al Miami Herald, que «congelar los procesos de asilo, de obtención de la ‘green card’ (de residencia) y de ciudadanía no es la solución. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que han seguido todos los pasos legales».

Salazar, de origen cubano y representante en Washington de un distrito de Miami (Florida) de gran población cubana, afirmó que la nueva directriz constituye un «castigo colectivo» que afecta a «inocentes por los errores de culpables».

«Es injusto, contrario a los principios estadounidenses y va en contra de todo lo que representa este país. Ya existen controles de antecedentes para detener a terroristas y deberían aplicarse», subrayó Salazar al diario de Miami.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció a finales de noviembre la suspensión temporal de todas las solicitudes de inmigración procedentes de 19 países tras el ataque contra dos guardias nacionales en Washington, presuntamente cometido por un ciudadano afgano.

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La medida afecta a procesos de asilo, revisión de tarjetas de residencia y ceremonias de naturalización.

La administración republicana ordenó revisar de manera rigurosa las ‘green cards’ de migrantes de los 19 países señalados y anunció además recortes en beneficios fiscales reembolsables, como el crédito por hijos o el crédito de ingreso por trabajo, argumentando que estos beneficios se entregan a inmigrantes que reciben más de lo que aportan, según la Casa Blanca.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció además la suspensión de todas las decisiones de asilo hasta garantizar una verificación exhaustiva de cada solicitante, lo que afecta a casi 1,5 millones de personas con solicitudes pendientes hasta diciembre de 2024, según cifras de la organización American Immigration Council (AIC).

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