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Crimen y Justicia

ONG lanza campaña ´prueba de vida´ para conocer estado de salud de presos en El Salvador

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Fotografía de archivo de un familiar de un joven detenido bajo el régimen de excepción en El Salvador, que muestra una pancarta a las afueras de una sede de la Fiscalía General, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 2 oct (EFE).- La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) -no gubernamental- lanzó este miércoles la campaña denominada ´prueba de vida´ con la que busca saber sobre el estado de salud de personas detenidas supuestamente arbitrariamente en El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

El Socorro Jurídico indicó en sus redes sociales que «ante la total falta de comunicación de las personas procesadas durante esta medida se exige una prueba de vida», por lo que solicitó a jueces que ordenen al Instituto de Medicinal Legal «una revisión médica de las personas en centros penales».

La organización -que brinda asistencia legal gratuita a familiares de detenidos y que surgió en el marco del régimen de excepción- aseguró que «hay jóvenes liberados que tras haber presentado un escrito de revisión médica en los tribunales los han dejado libres pero al borde de la muerte con insuficiencia renales crónicas e irreversibles».

«La gente está muriendo y nadie hace nada!!!», agregó.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.

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Con más de 81.900 detenciones, este régimen se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

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