Opositores bolivianos califican de «infamia» y «venganza» el juicio por la crisis de 2019

La Paz, 17 oct (EFE).- Opositores bolivianos calificaron este jueves de «infamia» y «venganza» el juicio contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y el opositor gobernador suspendido de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus roles en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019).

«Hoy se escenifica una de las infamias de nuestra historia política, que muestra de manera descarnada la vileza del régimen masista (del gubernamental Movimiento al Socialismo – MAS) y la degradación del sistema judicial», escribió en la red social X el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que lidera a la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Mesa cuestionó que «tres líderes políticos son sometidos a un juicio ilegal, inconstitucional e injusto por un delito inexistente para encubrir el monumental fraude electoral de Morales», el exvicepresidente Álvaro García Linera «y sus cómplices que continúan impunes».

También expresó su «solidaridad» con Áñez, Camacho y con el exlíder ciudadano de la región andina de Potosí Marco Pumari, a quienes se refirió como «perseguidos y presos políticos y víctimas de un régimen que viola la Constitución y los DDHH».

En la misma red social, el empresario opositor Samuel Doria Medina sostuvo que el juicio, que comenzó este jueves, «no es más que la venganza del MAS (oficialista Movimiento Al Socialismo) contra los líderes de la gran movilización que en 2019 detuvo el fraude electoral con el que este partido quería eternizarse en el poder».

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«Constituye una violación a los derechos de expresión y organización de estos líderes y, por tanto, de todos los bolivianos. Camacho, Añez y Pumari son presos políticos y ahora se han convertido en imputados políticos», aseguró.

Para Doria Medina, el proceso «ilegal e ilegitimo se corregirá cuando la justicia deje de pertenecerle al MAS».

El caso ‘golpe de Estado I’, por el que se realiza la audiencia, se inició por una denuncia de una exdiputada del MAS sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la salida de Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores afirman que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

Áñez ya fue sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso llamado ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.

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Camacho está acusado por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aún era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

En su caso, la Fiscalía le imputó por «terrorismo» en calidad de autor y anticipó que pedirá una sanción de 20 años de cárcel, mientras que Áñez, Pumari y dos exjefes militares están acusados como «cómplices».

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