Organizaciones de Ecuador buscan ante CIDH frenar actividades mineras en una zona andina

Quito, 24 oct (EFE).- Organizaciones ecologistas e indígenas de Ecuador presentaron esta semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia ante la intención de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metal de crear un proyecto minero en la zona de Quimsacocha, una región de páramos andinos considerada como reserva hidrológica y que ha sido defendida desde hace años por estos colectivos.

El excandidato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez informó en una rueda de prensa que esta semana entregaron una documentación requerida por la CIDH, a la que presentaron la denuncia en abril pasado en la sede en Washington (EE.UU.).

Entre la documentación figuran los datos de las consultas populares para prohibir la minería que se realizaron desde 2011 en comunidades y municipios de la zona.

La primera de estas, de carácter comunitario y simbólico, se realizó en las comunidades Tarqui y Victoria del Portete, y se continuó en 2019 con una consulta, ya de carácter vinculante, por la que el 86,79 % de los habitantes del municipio de Girón votaron en contra de la realización de actividades mineras en los páramos o fuentes de agua de Quimsacocha.

En 2021 se realizó una en la ciudad andina de Cuenca, también con fuerza legal, en la que poco más del 80 % de su población dijo ‘sí’ a la prohibición de la minería en cinco zonas de recarga hídrica de este municipio.

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Pérez también expuso las sentencias por las que un tribunal judicial y la Corte Provincial de Justicia de la provincia andina de Azuay (sur) declararon la vulneración del derecho a una consulta previa, libre e informada en las poblaciones en riesgo por la actividad minera en la zona de Quimsacocha.

Estas sentencias también establecieron “que no puede darse la minería sin antes realizarse los estudios técnicos” ambientales pertinentes, indicó.

Además, entre los diversos documentos que se presentaron figuran el informe de auditoría especial que realizó la Contraloría en 2017 y en el que expresó -según relató Pérez-, «que debe declararse la caducidad de las concesiones mineras» de la zona.

A su vez, se recogieron informes técnicos realizados por la corporación geoambiental Terrae, por el ingeniero minero James Kuipers, así como un informe realizado por la empresa pública Etapa, donde se indicó la inviabilidad del proyecto minero.

A ello se añadieron otras pruebas como recortes de prensa, unas 5.000 firmas y tras las que -según indicó Pérez- la CIDH les ha informado DE que en unos tres meses podrían tener una respuesta sobre la admisión de su denuncia.

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Pérez declaró que en el viaje (A Washington) aprovecharon la invitación de las universidades estadounidenses de Yale, Cornell, Pennsylvania y Harvard para pedir a la academia que soliciten a sus Gobiernos el cese del extractivismo minero, petrolero y maderero que está causando «desastres ambientales» no solo en Ecuador, sino en otros países de la región, señaló.

“Por más que el Gobierno de (presidente Daniel) Noboa, la minera Dundee Precious Metal y los empresarios canadienses intenten destruir los páramos, las comunidades estaremos en resistencia como ya lo hemos demostrado durante 30 años y ahora con el acompañamiento y vigilancia de la academia y de los organismos internacionales”, aseveró Pérez.

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