Padres deben autorizar la mayoría de tratamientos médicos

Raleigh, NC, 6 de julio de 2026– La atención médica de los menores de edad en Carolina del Norte cambió con la entrada en vigor de la Ley de Derechos de los Padres (Parents’ Bill of Rights), aprobada en 2023 como la Session Law 2023-106 (S.L. 2023-106). Una de las disposiciones que más dudas ha generado entre familias, médicos, escuelas y organizaciones comunitarias es la relacionada con el consentimiento que deben otorgar los padres para que un menor reciba atención médica.

Ante las numerosas preguntas surgidas tras la aprobación de la ley, especialistas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte (UNC School of Government) publicaron un análisis para explicar qué actividades constituyen legalmente un “tratamiento” y cuáles no, ya que de ello depende si un profesional de la salud necesita o no autorización previa de los padres.

¿Qué cambió la nueva ley?

La legislación establece que, como regla general, un profesional o una institución de salud no puede proporcionar, organizar o solicitar tratamiento para un menor sin obtener previamente el consentimiento escrito o debidamente documentado de uno de sus padres o representante legal, salvo que exista una excepción prevista por la ley o una orden judicial.

Sin embargo, el concepto de “tratamiento” no siempre resulta evidente. El análisis jurídico de la UNC explica que la ley no se limita únicamente a cirugías o procedimientos médicos complejos, sino que también incluye la administración de medicamentos y otros servicios clínicos destinados a diagnosticar, prevenir o tratar una condición médica.

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Uno de los aspectos más importantes del análisis es que aclara que muchas actividades realizadas en un centro médico no constituyen legalmente un tratamiento.

Por ejemplo, acciones como registrar a un paciente, recopilar información médica, realizar preguntas sobre síntomas, medir signos vitales, ofrecer educación en salud o brindar información preventiva generalmente no se consideran tratamiento bajo esta ley. Estas actividades permiten a los profesionales evaluar la situación del menor antes de decidir si será necesario iniciar un procedimiento médico que sí requiera autorización parental.

El cambio legislativo tampoco eliminó las excepciones ya existentes en Carolina del Norte que permiten a ciertos menores autorizar por sí mismos algunos servicios de salud.

La legislación mantiene vigentes las disposiciones históricas de la Ley de Consentimiento de Menores (Minor’s Consent Law), que permiten a adolescentes con capacidad para decidir acceder por cuenta propia a determinados servicios relacionados con enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de reporte obligatorio, consumo de alcohol o drogas, embarazo y algunos servicios de salud mental, entre otras situaciones específicas previstas por la legislación estatal.

Asimismo, los servicios de emergencia continúan prestándose cuando una demora pueda poner en riesgo la vida o la salud del menor, aun cuando no sea posible obtener de inmediato el consentimiento de los padres.

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Dicen los expertos

Expertos legales señalan que la aplicación práctica de esta ley continúa generando dudas entre hospitales, consultorios médicos, escuelas y organizaciones comunitarias, especialmente en situaciones donde es necesario distinguir entre una evaluación inicial y un tratamiento médico propiamente dicho.

Por ello, la Escuela de Gobierno de la UNC ha publicado una serie de análisis y guías para ayudar a profesionales de la salud, abogados y familias a comprender el alcance de la legislación y su interacción con otras leyes estatales sobre el consentimiento de menores.

Para las familias hispanas, conocer estas disposiciones resulta especialmente importante, ya que permite ejercer sus derechos, comprender cuándo se requiere su autorización y saber que la legislación mantiene diversas protecciones para garantizar que los menores puedan acceder oportunamente a determinados servicios de salud cuando la ley así lo permite.

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