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Crimen y Justicia

Partido antichavista exige liberación de jefe de comando regional detenido hace ocho meses

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Fotografía de archivo en donde se ve a la líder opositora María Corina Machado en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

Caracas, 8 nov (EFE).- El partido antichavista Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, exigió este viernes la liberación de su jefe de campaña en el estado Barinas (oeste), Emil Brandt, quien fue detenido hace ocho meses por -según señaló la Fiscalía- estar presuntamente incriminado en planes «violentos» y «terroristas» contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

A través de X, el partido aseguró que «bajo el régimen chavista» las «detenciones arbitrarias son una táctica de represión», cuando en el país computa 165 dirigentes opositores y activistas detenidos, en su gran mayoría colaboradores de la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que los califica de «presos políticos».

«No se trata de arrestos, sino de secuestros políticos. Dirigentes, activistas y opositores son arrancados de sus hogares y encerrados sin pruebas, solo por alzar la voz en contra del sistema opresor», afirmó VV.

Asimismo, manifestó que en Venezuela «la justicia no existe», sino -agregó- «solo la persecución y el terror».

En marzo, tras la detención de Brandt, el fiscal general, Tarek William Saab, mostró un video en el que el opositor habla de planes para generar «disturbios», en coordinación con algunos militares desertores del exterior, para «subvertir el Estado, generando acciones desestabilizadoras», que Machado consideró falsas.

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La opositora denunció entonces una «brutal represión», algo sobre lo que alertó tras las presidenciales del pasado 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial, que dio como ganador a Maduro, en las que más de 2.400 personas fueron detenidas y se registraron 27 muertes, según datos oficiales.

Tanto Machado como la PUD responsabilizan de las muertes a agentes de seguridad estatales, mientras la Fiscalía asegura que ninguno de los decesos es atribuible al Estado y señala a los apresados de causar «violencia» y «vandalismo».

Las protestas se desataron tras la denuncia de «fraude» de la PUD en las presidenciales, una afirmación que dice sustentar mediante la publicación del 83,5 % de las actas que, insiste el bloque, «demuestran» la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, documentos que el Gobierno considera «falsos».

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