Piden al Constitucional de Bolivia proteger elecciones judiciales porque están en riesgo

La Paz, 16 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo pidió este miércoles al Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia que tome las acciones necesarias para garantizar los comicios judiciales previstos para el 1 de diciembre, ya que están en riesgo después de los fallos que declaran «desiertas» algunas fases del proceso.

«Estamos enviando una nota al presidente del TCP para que adopte las medidas necesarias y tome una decisión rápida, con celeridad y oportuna» en favor de las elecciones judiciales, mencionó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon el martes «desiertas» las convocatorias para elegir a los jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional, por recursos que plantearon algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento para participar en los comicios.

Al respecto, Callisaya dijo que una posible paralización de los comicios judiciales representa una «situación muy peligrosa» que «profundiza la fragilidad institucional democrática» de Bolivia.

«Sería funesto para la población que la institucionalidad del Estado no resuelva este problema», remarcó Callisaya.

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El defensor mencionó que contactará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que informe sobre las acciones que asumirá en este caso y también se acercará a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas.

Ante el peligro de que no se realicen las elecciones judiciales, el TSE indicó en la víspera que tomará «todas las acciones legales» para garantizar la realización de los comicios y lamentó que las salas constitucionales se hayan «extralimitado en su análisis» al colocarse «por encima del Legislativo».

Oposición dice que es un «golpe a la democracia»

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), mediante un mensaje en la red X acusó al Gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales «en una bolsa más de sus prebendas, vaciando de legitimidad el proceso».

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El también exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) expresó en sus redes sociales que el Gobierno «acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia» para permitir que «los autoprorrogados sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades».

«Es más que urgente iniciar un diálogo político y ciudadano para iniciar reforma estructural de todo el sistema, incluyendo la fallida modalidad de elección por voto popular de magistrados», expresó en X el expresidente Eduardo Rodríguez (2005-2006).

La Constitución, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en el que podrían salir electos jueces afines al oficialismo.

Los nuevos comicios judiciales debían realizarse en 2023, pero no prosperaron por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, además por los recursos legales que obligaron a que la convocatoria volviera a cero varias veces.

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En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.

La extensión de mandato de los jueces generó fuertes protestas de la oposición y del sector oficialista del MAS que respalda a Evo Morales, quien realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, algo que finalmente no ocurrió.

Unos 7,8 millones de personas están habilitadas en Bolivia para votar en estas polémicas elecciones judiciales previstas para el próximo 1 de diciembre.

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