Policía dispersa una protesta contra la reforma de la ley de glaciares en Argentina

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- La Policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a una persona y desplegó a un importante número de agentes para dispersar a manifestantes que protestaban este miércoles contra un proyecto de reforma a la ley de protección de los glaciares.

Los incidentes se iniciaron cuando la Policía capitalina, con escudos y gases lacrimógenos, arremetió contra un grupo de manifestantes que se concentraba en una esquina del centro de la ciudad con la intención de marchar desde allí hasta el Congreso, donde un pleno de la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley.

Los efectivos dispersaron la concentración y obligaron a los manifestantes a dirigirse hacia la plaza frente al edificio del Congreso.

Fuentes oficiales consultadas por EFE confirmaron la detención de un manifestante y señalaron que éste será dejado en libertad si se constata que no tiene antecedentes penales.

El proyecto en debate, que el Ejecutivo de Javier Milei envió al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

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Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a ser protegidas.

El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.

La iniciativa ya fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, por lo que, de ser avalada también en la Cámara Baja, se convertirá en ley.

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