Policías peruanos viajan a Rusia para extraditar a Abel Valdivia Montoya, implicado en un asesinato en Lima

Lima, 6 sep (EFE).- Una misión de la Policía Nacional del Perú (PNP) viajará hacia Rusia para concretar la extradición de un ciudadano peruano que es investigado por el asesinato de un productor audiovisual en una fiesta en Lima, en un caso ampliamente difundido por la prensa local, informó este viernes una resolución oficial.

La norma, emitida por el Ministerio del Interior, autorizó el viaje de un comandante y un suboficial de la PNP del 8 al 14 de septiembre para «recibir, custodiar y trasladar» hacia Lima al ciudadano peruano Abel Valdivia Montoya, quien fue capturado por la Interpol en la ciudad rusa de Kazán tras salir de Perú en octubre de 2023.

En julio pasado, la Interpol en Moscú informó a su par en Lima que se había autorizado la entrega de Valdivia a Perú, país que solicitó su extradición luego de que el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio simple.

El detenido es acusado de asesinar con un arma de fuego al productor audiovisual Christiam Enrique Tirado tras una pelea que se produjo en una fiesta realizada en Lima, en un evento del que la prensa local publicó imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el crimen, las pericias policiales determinaron que Valdivia era el «presunto sospechoso principal» del uso de un arma de fuego que causó la muerte de Enrique Tirado en una fiesta a la que acudieron diversos personajes, entre ellos la legisladora Rosselli Amuruz, por entonces tercera vicepresidenta del Congreso peruano.

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Debido a su presencia en esa reunión, un sector del Congreso presentó una moción de censura contra Amuruz, que fue archivada con votos del partido fujimorista Fuerza Popular y de la ultraderechista Renovación Popular.

El 23 de octubre del año pasado, la Fiscalía de Perú anunció que había abierto una investigación preliminar a Amuruz por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Estas pesquisas se realizaron por las supuestas contrataciones irregulares de personas cercanas a la pareja de la legisladora, un exparlamentario que también asistió a la fiesta en la que se produjo la pelea y asesinato.

En julio pasado, la Fiscalía de la Nación (general) presentó una denuncia ante el Congreso contra Amuruz por una posible instigación del delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo por la contratación de tres personas, entre las que estuvo Enrique Tirado.

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