Pueblos indígenas de Guatemala denuncian cooptación en renovación de la justicia

Ciudad de Guatemala, 30 jul (EFE).- Diversas organizaciones indígenas de Guatemala denunciaron este jueves que los procesos de renovación de la administración de justicia del país, desarrollados este 2026, continúan cooptados por redes de corrupción, tras presentar las conclusiones de la observación ciudadana.

“Nos preocupa la cooptación de la justicia y la utilización de la persecución penal como herramienta para criminalizar a los pueblos indígenas que defienden sus territorios y aplican el derecho indígena en sus comunidades”, señaló durante una conferencia de prensa el presidente de la junta directiva de la organización civil 48 Cantones de Totonicapán, Eduardo Tax.

Durante 2026, Guatemala ha atravesado la renovación simultánea de sus altas instituciones debido a una coincidencia en los plazos legales que no se registraba desde 1996.

En menos de un año se renovaron las autoridades de la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país), el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público (Fiscalía) y la rectoría de la Universidad de San Carlos, la única pública del país y con una importante injerencia en las comisiones de postulación para la designación de estos cargos clave.

En un informe conjunto presentado en la capital guatemalteca, los líderes de pueblos k’iche’, kaqchikel, mam, ixil y xinka aseguraron que el sistema de comisiones de postulación para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General excluye de forma sistemática a las etnias originarias.

Las autoridades indígenas señalaron que el modelo de selección de candidatos caducó y exigen una reforma constitucional para evitar que las élites políticas tradicionales mantengan impunidad sobre las decisiones judiciales del país centroamericano.

Los líderes indígenas sostienen que el deterioro institucional se profundizó en 2019 con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una misión de las Naciones Unidas que operó durante 12 años en el país hasta que el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidió no renovar su mandato tras destapar redes de corrupción de alto nivel.

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Según los dirigentes, este hecho permitió a diversos grupos de poder político y económico consolidar el control sobre el sector justicia.

Milviam Aspuac, representante del Consejo de Principales de Santiago Sacatepéquez, detalló que presentaron más de 20 comunicados e impugnaciones contra aspirantes cuestionados, pero estas tachas fueron descartadas por las comisiones de postulación como “un mero trámite” formal.

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