Salvador aprueba polémica “ley mordaza”

San Salvador, 25 de mayo de 2025- El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dado un nuevo paso que preocupa a organizaciones nacionales e internacionales. El pasado martes, la Asamblea Legislativa, dominada por su partido Nuevas Ideas, aprobó una controvertida Ley de Agentes Extranjeros que podría acallar a medios independientes y ONG que reciben financiamiento internacional.

La medida fue presentada por el ministro de Gobernación y defendida por el oficialismo con rapidez inusual: fue aprobada en solo una hora y 24 minutos, con el 95% de los votos del Congreso, sin mayor debate público.

La nueva normativa obliga a cualquier organización o medio que reciba fondos del extranjero a inscribirse en un registro nacional, pagar al gobierno el 30% de sus ingresos, y someterse a un control estricto del Ejecutivo. Si no lo hacen, no podrán operar legalmente en el país ni mover recursos financieros.

La ley también da al gobierno la autoridad para decidir quién califica como “agente extranjero” y prohíbe cualquier actividad que el Ejecutivo considere política. Incluso permite imponer multas de hasta 250 mil dólares o penas de cárcel por incumplimientos.

Organismos como la ONU han alzado la voz. Gina Romero, relatora especial para la Libertad de Asociación, afirmó: “Etiquetar como agentes extranjeros a quienes reciben fondos legítimos estigmatiza y debilita el tejido cívico del país. No es compatible con una sociedad democrática”.

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Esta no es la primera vez que Bukele intenta impulsar una medida de este tipo. Ya en 2021 lo había propuesto, pero la presión internacional lo hizo retroceder. Esta vez, sin embargo, la oposición es mínima: solo tres diputados no oficialistas quedan en la Asamblea tras las elecciones de 2024.

La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, advirtió: “Esta ley es incompatible con la democracia y los derechos fundamentales. Es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico”.

La situación genera gran preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. En las últimas semanas, al menos 15 personas —incluidos activistas y periodistas— han sido detenidas por motivos aparentemente políticos. Una de las afectadas fue la abogada Ruth López, de la ONG Cristosal, quien fue capturada sin derecho a defensa.

Muchos comparan esta ley con la que impuso el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha servido para eliminar más de 5.200 ONG en ese país. En El Salvador, se estima que podrían verse afectadas unas 8.000 organizaciones y más de una docena de medios independientes.

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¿Qué implica la nueva ley?

• Crea un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).
• Toda organización, persona o medio que reciba fondos internacionales deberá inscribirse.
• El presidente del RAEX puede inscribir “de oficio” a quien considere.
• Prohíbe actividades políticas sin definir claramente qué incluye ese concepto.
• El presidente puede regular, negar o cancelar registros.
• Las multas por no cumplir pueden ir de 100 mil a 250 mil dólares.
• El incumplimiento puede conllevar el cierre de operaciones o incluso cárcel.
• La ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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