Senado de NC aprobó la HB10

Raleigh, N.C., 6 de mayo de 2024- Con 28 votos a favor y 16 en contra, el proyecto de ley HB10, bautizado bajo el nombre “Requerir que los alguaciles cooperen con ICE”, fue aprobada en la segunda discusión del Senado, el pasado 2 de mayo.

Fue enviado a la Cámara de Representantes, donde se estima que sea debatida esta semana.

De ser aprobado, será colocada sobre el escritorio del gobernador Roy Cooper, quien tendrá 10 días para aprobarlo, vetarlo o dejar que transcurra este plazo, indicando que se puede proceder a su aprobación por omisión.
Organizaciones exigen el veto del gobernador Cooper.

El gerente Política de El Pueblo, Mario Alfaro, subrayó el carácter antiinmigrante de esta propuesta legislativa que vuelve a la mesa de debate por tercera vez, pero con un nombre diferente. Es decir, es el tercer intento de la bancada republicana de promover que las fuerzas de orden público de Carolina del Norte  cumplan el procedimiento de entrega de detenidos en cárceles locales a funcionarios de ICE.

Las dos primeras HB370 y SB101 persiguieron el mismo objetivo y, en su momento, el gobernador Cooper decidió vetarlas.

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Esta vez, a diferencia de aquellas dos oportunidades, el poder de veto de Cooper está más débil, debido a que existe supramayoría republicana en el Senado y la Cámara de Representantes, cuyos líderes están impulsando la HB10.

“El espíritu de este proyecto de ley es obligar a los administradores de cárceles y alguaciles a colaborar con ICE. Establece que cuando una persona es sospechosa de cometer un delito grave y esta persona no está en capacidad de identificarse y demostrar su estatus legal, podría ser puesta a la órdenes. Eso es lo que dice el proyecto”.

Explicó que la propuesta tipifica como delitos graves asesinatos, tráficos de persona, tráficos de drogas y crimen organizado, lo cual a su juicio deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Pero, según Alfaro y decenas de organizaciones en el estado, el problema de la HB10 está en la práctica, en su interpretación y ejecución.

“En teoría, si alguien es detenido por incurrir en infracciones de tránsito o porque tiene una luz de su vehículo quemada, se supone que esta persona no estará sujeta de los rigores de la HB10. Pero, en la práctica, si esta persona es detenida por estos motivos, y no tiene documentos, el oficial a cargo de la operación determina que el detenido cumple con las características físicas de alguien que estamos buscando como sospechoso de un delito grave.  Y, como no está en capacidad de identificarse,procede a detenerlo”, ejemplificó.

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A estos casos de lo que llaman “extralimitación de poder” se refieren quienes se oponen a la HB10.

Continuó relatando Alfaro que, bajo esta excusa, van a aumentar los arrestos de personas inmigrantes indocumentados en las calles para ponerlos a las órdenes de ICE.

“Los dejan retenidos durante 48 horas, de acuerdo a lo que establecen las leyes federales, a la espera de las autoridades de Inmigración, para que ellos abran procesos de deportación”, agregó.

Inmunidad desde el 1 de julio 

Alfaro insistió en que “nosotros estamos viendo con mucha preocupación este proyecto porque estaría dando una licencia a los funcionarios para actuar bajo sospechas muchas veces infundadas”.

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“La ley también otorga inmunidad civil o penal a los oficiales encargados de aplicarla, lo que genera aún más temor en las comunidades, torpedeando la confianza en las autoridades policiales, que tanto tiempo ha costado construir y comenzaremos a ver más casos de violencia doméstica porque las víctimas no se sentirán seguras de acudir a centros policiales a denunciar agresiones porque son indocumentadas”.

En caso de que el proyecto se apruebe y se convierta en ley, entrará en vigor el 1 de julio.

“Desde ese momento, los alguaciles estarán en la obligación de trabajar con ICE; muchos de los cuales, especialmente los de las ciudades más grandes, se han manifestado en contra de este proyecto, eliminando el programa 287g como unas de las acciones”, recordó el líder comunitario.

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