Senado mexicano aprueba que Secretaría de Seguridad participe en tareas de investigación

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El Senado mexicano aprobó este miércoles la reforma al artículo 21 de la Constitución que otorga facultades de investigación de delitos a la Secretaría (Ministerio) de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El proyecto, que fue enviado a la Cámara de Diputados, precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la SSPC, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Además, plantea que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y auxiliará al titular del Ejecutivo federal en funciones en esta materia y coordinará el sistema nacional de inteligencia en el rubro de seguridad.

También podrá coordinar la colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de sus instituciones de seguridad, quienes deberán proporcionar información que dispongan o recaben en materia de seguridad; la Secretaría de Seguridad, además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclareces hechos presuntamente delictivos.

Y establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con un Secretariado Ejecutivo que, además de emitir bases, acuerdos y lineamientos, podrá realizar las acciones necesarias para homologar estándares y criterios en materia de seguridad, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno.

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En su turno, el senador Óscar Cantón Zetina, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que el proyecto dota de herramientas jurídicas a las instituciones de seguridad pública en el país.

Pero apuntó que es necesario «meterle mano» a las fiscalías, ministerios públicos, defensorías de oficio, a los servicios periciales y a todo el engranaje que conforma la responsabilidad del Estado mexicano para atender la procuración de justicia y la seguridad pública.

En tanto, Francisco Javier Ramírez Acuña, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), indicó que la reforma busca redefinir, ajustar y optimizar el marco constitucional en materia de seguridad pública, porque “la situación de violencia que enfrentamos hoy en el país es crítica”, y exige soluciones puntuales e inmediatas, así como decisiones responsables y cuidadosamente balanceadas.

En su turno, Rolando Zapata, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), apuntó que «en la lucha contra la inseguridad siempre debe haber espacio para la unidad nacional y ninguna grieta por donde se cuele el egoísmo político».

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