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Economía

Teresa Ribera dice que se ha hecho “chantaje” con la ley de deforestación y valora retirarla

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En la imagen de archivo, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 26 nov (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, consideró hoy que la tramitación de la simplificación de la ley de deforestación ha supuesto un “chantaje” normativo, pues ha alterado su objetivo original, y abrió la puerta a que el Ejecutivo comunitario retire la propuesta.

“Nos corresponde valorar hasta qué punto ha quedado desvirtuado el objetivo de esa propuesta, y por lo tanto hay que retirarla”, declaró Ribera a EFE.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario hizo esas declaraciones horas después de que los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo lograran retrasar un año la aplicación de la nueva ley europea para evitar que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera genere deforestación en origen.

El polémico reglamento ya se había retrasado doce meses para dar más tiempo de preparación a las empresas afectadas y debía empezar a aplicarse el 30 de diciembre de 2025.

Pero el pasado mes de septiembre la Comisión Europea detectó un fallo informático, porque los sistemas de registro no daban abasto para procesar la información, y Bruselas sugirió prorrogar un año más la normativa, criticada entre otros países por Estados Unidos y también por asociaciones agrarias y madereras, pero apoyada también por grandes empresas chocolateras como Nestlé o Mars.

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Finalmente, el Ejecutivo comunitario presentó al Consejo y el Parlamento una modificación muy concreta de ese reglamento, en la que proponía reducir cargas burocráticas a los pequeños operadores y postergar seis meses la aplicación de sanciones, manteniendo la fecha de aplicación a final del próximo mes de diciembre.

Sin embargo, el Consejo de la UE (los Estados miembros) abogó por retrasar la aplicación de esa normativa un año, hasta el 30 de diciembre de 2026, y también incluyó una cláusula de revisión de la legislación. El Parlamento replicó esa posición, que la Eurocámara aprobó este miércoles por 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones.

“La Comisión fue muy clara sobre qué es lo que estábamos intentando con esta modificación y resolvió todos los problemas que se habían identificado como preocupaciones de los pequeños propietarios de bosques o instalaciones agrícolas que decían que podía ser demasiado complicado reportar esa geolocalización”, dijo.

Pero en la tramitación de esa simplificación acotada resulta que se apuesta por un retraso más, generando incertidumbre”.

“La incertidumbre tiene un coste económico muy alto y en estos momentos, abrir en canal tantas cosas, dar la sensación de que estamos haciendo movimientos pendulares que van mucho más allá de la simplificación, que lo que pretenden es erosionar las bases de nuestro modelo económico, genera una incertidumbre extraordinariamente peligrosa”, agregó.

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La tramitación por procedimiento de urgencia implica que la modificación no se sometió a un proceso de consulta pública ni a una evaluación de impacto, extremo que Ribera considera justificado porque se trataba solo de dos puntos muy concretos y definidos.

Pero “si nos encontramos muchos más cambios y dificultades, a lo mejor empezamos a tener problemas también desde el punto de vista de las garantías del procedimiento normativo”, señaló.

“Si se retirara, se volvería a la propuesta original, donde los pequeños tenían que hacer más, es decir, iría en contra de los pequeños, y esa ha sido la apuesta chantaje: no me lo retire usted porque ahora los pequeños se me han despistado y cómo van a recuperar esto en tan poco tiempo… Pero, insisto, es una propuesta chantaje”, concluyó.

La normativa abarca el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.

Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.

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Entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca de un 10 % es atribuible al consumo europeo. El reglamento pretende evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación.

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