Torres confía en retomar pronto la negociación con PP sobre reparto de menores migrantes

Bruselas, 20 nov (EFE).- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo este miércoles que confía en poder retomar pronto la negociación con el PP sobre el reparto de menores migrantes entre las distintas Comunidades Autónomas de España tras haber enviado una carta sobre la materia a la Comisión Europea (CE).

Torres se reunió esta mañana en Bruselas con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, a quien trasladó “la necesidad de una respuesta de carácter humanitario” al fenómeno migratorio, especialmente cuando se trata de menores no acompañados, según explicó en una rueda de prensa tras el encuentro.

El ministro recordó que el Gobierno ha enviado una carta a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en la que le trasladan de manera “textual” la petición del Partido Popular (PP) de “solicitar toda la ayuda que sea precisa”, le exponen las medidas que está tomando el Ejecutivo español en esta área y piden una reubicación de los menores solicitantes de asilo en toda la Unión Europea (UE).

Según explicó Torres hace unos días, el envío de esa misiva era la última condición que puso el PP para volver a sentarse a la mesa para negociar la reforma de la Ley de Extranjería, en particular, el artículo 35 para permitir el reparto de los menores migrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas españolas.

“Yo espero y confío en que también podamos volver pronto a la negociación, en este caso con el PP, para poder sacar adelante algo fundamental, que es que estos menores puedan ser reubicados en el conjunto del país y se haga con apoyo y trabajo compartido de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas presididas por presidentes o presidentas de esa organización política”, dijo hoy el ministro en Bruselas.

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La reforma de la Ley de Extranjería es diferente a la modificación del reglamento de Extranjería aprobada ayer por el Gobierno, que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, proceso del que podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos tres años.

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