Transportistas y comerciantes marchan por varias zonas de Lima para exigir seguridad

Lima, 10 oct (EFE).- El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, acusó este jueves a los transportistas urbanos, que han realizado un paro para denunciar la ola de extorsión que padecen, de chantajear al Ejecutivo para obtener nuevas rutas y que les quiten multas.

En una entrevista con el Canal N de televisión, Adrianzén dijo que, tras el primer paro de transportistas, hace dos semanas, tomaron medidas de seguridad y, siempre según su versión, quedaron satisfechos con las mismas.

Ahora, según el jefe de gabinete, se sumaron los transportistas informales, que querían que el Gobierno les reconozca rutas y «anular papeletas (multas)», lo que tildó de chantaje.

La falta de formalidad y regulación en Perú promueve que una parte importante los transportistas urbanos en Lima y su vecina Callao sean informales.

En opinión del primer ministro, el respaldo que tiene el paro, que ha contado con un notable respaldo social por el incremento del crimen en Perú, «simplemente lo politiza».

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Consideró que las medidas tomadas tras el primer paro han sido un éxito y «ahora los extorsionadores han migrado a otros gremios», como las bodegas, pequeñas tiendas de alimentación y productos de primera necesidad muy comunes en el país, desde el 26 de septiembre.

Precisamente, los bodegueros se han sumado a la movilización de este jueves, pero llevan meses denunciando que sufren la extorsión.

En septiembre, la Asociación Nacional de Bodegueros dijo que unos 3.000 comercios han cerrado en Lima por las extorsiones que comenzaron a sufrir tras la pandemia.

Acerca del polémico proyecto de ley que ha promovido el Gobierno para declarar como «terrorismo urbano» la extorsión, el secuestro y el sicariato, confirmó que se utilizará también contra las protestas sociales.

«No vamos a permitir que la protesta social sea una protesta social criminal, que se bloqueen carreteras», aseguró antes de decir que tampoco permitirá que «afecten ornato público» o el «patrimonio privado».

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«Ese crimen no es una protesta social. La protesta social pacífica es la que este Gobierno reconoce», aseguró al justificar que se califique como «terrorismo urbano» las protestas que se tornen violentas.

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