Trump revive la regla de carga pública

Nueva York, 17 jul (EFE).- La organización de derecho civiles LatinoJustice denunció este viernes como “cruel” la regla para determinar que un inmigrante es una “carga pública” retomada por el Gobierno de Donald Trump, y advirtió que puede perjudicar a familias con niños estadounidenses.

LatinoJustice indicó en un comunicado que la norma, prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre, afectará a numerosas solicitudes de visado, admisión a Estados Unidos y residencia permanente.

“La norma abandona prácticas de larga data que dejaban claro que recibir beneficios limitados no contaría, por sí solo, en contra de una persona en una solicitud de inmigración por ‘public charge’ (carga pública)”, explicó.

Los defensores de los inmigrantes han expresado temor sobre los estragos que causará la ampliación de esta política en la comunidad indocumentada de bajos recursos, y especialmente en las familias de estatus mixto, aquellas que tienen al menos un miembro ciudadano estadounidense.

El Gobierno Trump divulgó el jueves que ha revivido su controvertida política de denegar la residencia permanente a solicitantes de residencia que puedan ser considerados “una carga pública”.

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Durante su primer mandato, en 2020, Trump puso en marcha la regulación de carga pública para los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

La medida dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.

“Miles de familias, incluyendo niños ciudadanos, podrían pasar hambre y tener que prescindir de las visitas al médico para mantener a sus familias unidas”, indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes en LatinoJustice.

Chen considera que la medida es “cruel” para las familias, que se enfrentarán a una situación económica aún más difícil y problemas de salud.

Advirtió que al sustituir prácticas estándar claras por análisis “vagos y caso por caso”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga a los funcionarios de inmigración discreción para tomar decisiones “con poca o ninguna responsabilidad ni coherencia”.

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Agregó que la mayoría de los ciudadanos y las personas con residencia permanente (tarjeta verde) no se ven afectados por el cambio en la normativa sobre carga pública.

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