Ultraderecha chilena pide juicio político contra ministra de Interior por crisis policial

Santiago de Chile, 30 sep (EFE).- El ultraderechista Partido Republicano presentó este lunes una propuesta de juicio político (acusación constitucional) contra la ministra de Interior, Carolina Tohá, tras la renuncia del exjefe de la Policía, Ricardo Yáñez, ocurrida en medio de una grave crisis policial y de seguridad que sacude al país en el último tiempo.

“La seguridad es la prioridad de los chilenos y llegó la hora de que el presidente y su equipo así lo entiendan y empiecen a actuar en consecuencia”, señaló el diputado ultraderechista Luis Sánchez.

La solicitud se produce tras el ultimátum que la formación de extrema derecha lanzó el viernes, tras la renuncia de Yáñez, quien el martes será formalmente imputado por su posible responsabilidad en los abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, y ocasionaron episodios de violencia extrema.

“Hemos presentado esto porque la crisis que vive nuestro país en materia de delincuencia supera cualquier clivaje político o división entre izquierda y derecha”, agregó el parlamentario.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric fijo el llamado “criterio Tohá”, en referencia a la ministra, que establece que las autoridades que serán imputadas deben abandonar su cargo, un principio que desde el inicio la oposición rechazó aplicar al entonces director general de Carabineros.

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El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, señaló en una rueda de prensa posterior a la solicitud republicana que la acusación constitucional es “una cortina de humo” y rechazó “la utilización política” de la seguridad “como una herramienta para una confrontación, para una batalla”.

Las causales por las que los ultraderechistas piden enjuiciar políticamente a Tohá son “haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la Ley, y la inejecución de las mismas”, según Sánchez.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años.

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