Un nuevo fallo constitucional vuelve a poner en vilo las elecciones judiciales en Bolivia

La Paz, 7 nov (EFE).- La realización de las elecciones judiciales en Bolivia previstas para diciembre volvió a quedar en vilo después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara desiertas las elecciones de magistrados de esa corte y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cinco de las nueve regiones del país.

Medios locales difundieron este jueves la parte resolutiva de un fallo del TCP que declara desiertas las convocatorias para el TSJ en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y para el Constitucional en ambas regiones y también en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

La sentencia corresponde a dos expedientes abiertos ante acciones presentadas por dos postulantes que no llegaron a la fase final de la preselección en el Legislativo.

La realización de los comicios estuvo también en riesgo en octubre por los fallos de dos salas constitucionales de Beni y Pando, a instancias de candidatos inhabilitados, pero otro tribunal dispuso la continuidad del proceso electoral.

En esta oportunidad la sentencia sale de la máxima instancia constitucional boliviana.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no se ha pronunciado sobre las consecuencias que tendrá el fallo, aunque ese órgano ha alertado varias veces de que había numerosos amparos constitucionales que no estaban resueltos y que ponían en riesgo la realización de los comicios.

En la víspera, el vocal electoral Francisco Vargas ratificó en la red X su preocupación porque el TCP no se pronunció «aún sobre la revisión de los amparos constitucionales concernientes a las Elecciones Judiciales como se comprometió hace semanas».

«Reiteramos una vez más que el sistema democrático en Bolivia corre el riesgo de ser dañado si el proceso electoral sufre una suspensión o postergación», alertó.

En la misma red social, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) calificó la decisión del TCP como «nuevo golpe a la democracia» que viola «los principios de separación de poderes».

«Asumiendo el rol de jueces y parte, los autoprorrogados deciden eliminar la elección del Tribunal Constitucional y cercenar la elección del Tribunal Supremo para prolongar indefinidamente su inconstitucional ejercicio de cargo, favorecer al MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo) en las elecciones de 2025, proteger la corrupción y perseguir opositores», criticó Mesa.

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El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) alertó de que este fallo «es devastador no solo para la justicia sino para la democracia y la institucionalidad, porque instala una dictadura masista abierta», en referencia al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.

El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.

Esto generó fuertes protestas de la oposición y de los seguidores del expresidente y líder oficialista Evo Morales (2006-2019), que a principios de año bloquearon caminos para exigir que se convocara a los comicios judiciales.

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Hace tres semanas, los sectores afines a Morales anunciaron un amparo contra las elecciones judiciales al considerar que los pueblos indígenas no están debidamente representados en el proceso actual, pese a que los listados de candidatos se conocieron en agosto.

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