Un tribunal de El Salvador libera a joven abogado y líder comunitario detenidos desde mayo

San Salvador, 17 dic (EFE).- Un tribunal de Instrucción de El Salvador dejó este miércoles en libertad al abogado Alejandro Henríquez y al líder comunitario José Ángel López tras una audiencia especial en la que “confesaron los hechos” imputados por la Fiscalía General, que los acusó de desórdenes públicos y resistencia agresiva tras participar en una concentración pacífica, por lo que estaban detenidos desde mayo pasado.

Henríquez, ambientalista, y Pérez, pastor evangélico, asistieron a una audiencia especial, en la que se desarrolló un proceso abreviado donde “ellos confesaron los hechos” que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó, explicó en declaraciones a la prensa el abogado defensor Oswaldo Feusier.

Ambos fueron condenados a tres años de “cumplimiento de reglas de conductas” establecidas por la jueza que llevó el caso -cuyo nombre se reserva por seguridad- y “se presentarán periódicamente a un tribunal de vigilancia penitenciaria”, detalló Feusier, quien señaló que la defensa fue la que solicitó el proceso abreviado.

El abogado señaló que la decisión, aunque positiva, “nos deja un profundo y claro sin sabor porque se trata de una situación en la cual ellos han salido en libertad mediante la aplicación de un beneficio gracias a la existencia de una condena en la que ellos han tenido que confesar los hechos que se les acusa”.

“Esta es una situación, una realidad con la que no podemos luchar, la tenemos que aceptar, con la que tenemos que hacer la paz y que finalmente es pequeña frente a lo importante para nosotros, que es que personas inocentes que participaron en la protesta pacífica fueron injustamente detenidas y han pasado hasta esta fecha en situación de detención”, comentó.

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Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para evitar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país.

Enfrentaron el pasado 30 de mayo la audiencia inicial del proceso penal en su contra y en esa ocasión el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretar libertad condicional y ordenó detención provisional.

El pasado 29 de octubre pasado en una audiencia de revisión de medidas cautelares, la justicia salvadoreña decidió que continuaran en detención, rechazando una petición más de la defensa para que siguieran el proceso en libertad.

Este caso fue rechazado por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, ya que se da en un contexto de “criminalización” y “detenciones” contra activistas y críticos del Gobierno del presidente Bukele, según denunciaron diversas ONG.

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