Venezolanos y haitianos renuevan lucha por el TPS

Miami (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Migrantes de Venezuela y Haití renovaron este viernes su lucha por obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) contra la deportación de Estados Unidos tras los terremotos en el país suramericano y el fallo de la Corte Suprema contra este beneficio para 350.000 haitianos.

En Florida, donde habita la mayor diáspora de ambas nacionalidades en Estados Unidos, inmigrantes, organizaciones civiles y funcionarios pidieron hoy al Congreso y a la Administración de Donald Trump un TPS que proteja a sus respectivas comunidades del retorno a países sumidos en crisis.

Mientras recolectaban víveres en Doral, la urbe con mayor proporción de venezolanos en EE.UU., asociaciones pidieron a Trump un nuevo TPS por los terremotos, pues de los 600.000 venezolanos amparados por el TPS, 250.000 perdieron el amparo en noviembre pasado y para otros 350.000 vence en octubre.

“No tiene nada que ver con que haya ocurrido un TPS antes para los venezolanos. Estamos pidiendo un nuevo capítulo (…) por razones humanitarias, no políticas”, declaró Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), en un evento en el restaurante ‘El Arepazo’.

Grupos como Hoy por Venezuela, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y Amavex firmaron una carta con su petición a Trump, al argumentar que el país no puede acoger a miles de deportados tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, los mayores en 100 años, y que han dejado al menos 920 muertes.

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Según los convocantes, la medida beneficiaría a unos 800.000 venezolanos en Estados Unidos y permitiría la excarcelación de unos 5.000 que permanecen en centros de detención.

Como alternativa al TPS, plantearon una acción diferida que frenaría durante unos 18 meses las deportaciones a Venezuela.

“Estamos abogando por nuevos TPS, otorgados por la nueva Administración, basados en un evento extraordinario (…) de un fenómeno natural catastrófico en el pueblo venezolano”, dijo Villalonga.

Del otro lado de la zona metropolitana de Miami, en el barrio de Little Haití, líderes comunitarios pidieron al Congreso federal una protección permanente tras el fallo del jueves de la Corte Suprema que permite a la Administración Trump eliminar el TPS para 350.000 haitianos, casi la mitad de ellos en Florida.

Sus permisos de trabajo empezarán a caducar a partir del 1 de julio, según los convocantes, incluyendo Farel Auclair, una empresaria haitiana acogida al TPS que vive en el país desde 2005.

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“Si me envían de vuelta a Haití, es una sentencia de muerte”, afirmó Auclair, quien dijo temer por su vida y la de miles de haitianos y sirios.

La empresaria anunció que solicitará asilo, aunque opinó que con esta Administración esa vía “no significa nada”.

“Es un día muy triste, un día que no tenía por qué llegar”, añadió la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien calificó de “inhumana” la medida, al rechazó que se devuelva a los haitianos a un país sumido en la violencia, con casi 6.000 asesinatos en 2025, según la ONU.

Los oradores reclamaron al Senado que apruebe el proyecto de ley S.4814, destinado a prorrogar tres años el TPS de Haití y que la Cámara de Representantes ya respaldó en abril con el apoyo de 10 republicanos, incluyendo congresistas de la zona metropolitana de Miami.

La iniciativa, que cuenta con 19 patrocinadores, busca el respaldo de los senadores por Florida, los republicanos Rick Scott y Ashley Moody a quienes citaron en varias ocasiones.

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“Estamos en una comunidad que construyó el pueblo haitiano”, argumentó el senador estatal Shevrin Jones, al recordar que Miami alberga la mayor diáspora haitiana del país. “No deberían volver a su país, debemos hacer todo lo posible para trabajar con el Congreso y garantizar que se queden”, agregó.

El coordinador de política migratoria del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), Steve Forrester, advirtió de que solo en Florida 158.000 haitianos dependen del TPS para trabajar.

Organizaciones ofrecen mientras tanto asesoría legal gratuita a los afectados y les piden desconfiar de quienes prometa

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