Votantes de California se niegan a terminar con el trabajo forzado de los reos

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Los votantes de California han dado un giro hacia la derecha en materia de justicia penal, tras negarse a enmendar la Constitución del estado para terminar con el trabajo forzado de los prisioneros, conocida como la servidumbre involuntaria.

El trabajo forzado está prohibido en la Constitución de California exceptuando cuando se impone como castigo por un delito.

La Proposición 6 pretendía prohibir que las prisiones estatales obliguen a las personas encarceladas a trabajar en contra de su voluntad, pero la medida no ha conseguido el apoyo suficiente.

Se estima que aproximadamente un tercio de las personas encarceladas en prisiones californianas desempeñan trabajos que ayudan al mantenimiento de las cárceles, así como combatir los incendios forestales, al cortar las líneas de fuego y podar la vegetación.

“Las personas que se niegan a trabajar o a hacer otras actividades enfrentan consecuencias como no poder hacer llamadas regulares”, de acuerdo a un informe de la Oficina del Analista Ejecutivo.

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Los reos reciben un pago de menos de un dólar por hora, un salario que ha levantado críticas entre los defensores de los derechos civiles.

La Proposición 6 también ponía fin a los castigos impuestos a los detenidos que se negaran a trabajar.

Estados conservadores como Alabama y Tennessee ya han puesto fin a la “servidumbre involuntaria”, como se le conoce a los trabajos forzados, en sus prisiones en elecciones recientes, por lo que la decisión de los votantes marca un giro a la derecha en uno de los estados más liberales del país.

Este no es el único rechazo al progresismo que dan los votantes en California, la Proposición 36, que impondrá sanciones más estrictas para los robos menores y los delitos relacionados con el fentanilo, fue aprobada por una gran mayoría.

La medida anula partes clave de la Proposición 47, aprobada por los votantes en 2014 y que relajó las penas contra crímenes menores como el robo de las tiendas, bajo el argumento que la política de mano dura era ineficaz y aumentaba la población carcelaria.

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A esto se suma que el fiscal de Los Ángeles, el cubanoamericano George Gascón, de tendencia progresista, fue derrotado por un candidato independiente, que se retiró del Partido Republicano.

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